La isla de Ibiza ha entrado oficialmente en el escenario de alerta por sequía, una situación provocada por un mes de agosto extremadamente seco y la consiguiente caída de las reservas de sus acuíferos, que se encuentran a tan solo un 27% de su capacidad. Esta crisis hídrica ha centrado el último debate en el Pleno del Consell Insular, donde los principales partidos políticos han mostrado un frente común en la necesidad de medidas urgentes, pero también profundas diferencias sobre la gestión que ha conducido a este punto crítico.
El debate culminó con la aprobación de varias propuestas clave, entre las que destaca la prohibición del uso de agua de pozo para el abastecimiento de cruceros turísticos y para el riego de jardines de alta demanda hídrica, una medida impulsada por el Grupo Socialista. A pesar de este consenso, el PP volvió a rechazar la petición del PSOE de intensificar las inspecciones y proceder a la clausura de pozos ilegales, evidenciando las tensiones políticas de fondo.
Acuerdos para cuidar el agua
La voz de alarma la dio la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua el pasado 7 de septiembre. La situación, agravada por precipitaciones casi nulas en agosto —18 veces menos que el año anterior—, no es una sorpresa para las administraciones, que afirman estar abordando el problema desde el inicio de la legislatura.
En este contexto, el Partido Popular presentó una moción destacando las acciones emprendidas, acusando a los anteriores gobiernos de izquierdas de «ocho años de abandono» y «dejadez». Según el PP, la falta de inversión y planificación durante el mandato de Armengol ha agravado un problema del que ya se alertaba desde 2014. Para contrarrestar lo que denominan «inmovilismo», el grupo popular defendió las inversiones del actual Govern balear, como la futura cuarta desaladora de la isla en Sant Josep (prevista para antes de 2031), la ampliación de la de Santa Eulària (que finalizaría en 2027) y tres nuevos proyectos de regeneración de aguas depuradas financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible.
Además, el PP resaltó la reciente modificación del Plan Territorial Insular (PTI), que ahora obliga a la reutilización de aguas grises en nuevas construcciones, prohíbe jardines tropicales y exige la captación de agua de lluvia. También se mencionaron los casi 21 millones de euros que los ayuntamientos han podido dedicar a la mejora de sus redes de agua, con un impulso del Consell que, según el PP, contrasta con los «apenas 100.000 euros por ayuntamiento» de la legislatura anterior.
Por su parte, el Grupo Socialista, si bien coincide en el diagnóstico, introdujo importantes matices a través de sus propias propuestas y enmiendas. Los socialistas instaron a endurecer las regulaciones, proponiendo «prohibir» explícitamente el uso de agua de pozo para el abastecimiento de cruceros y el riego de jardines de alta demanda hídrica, en lugar de solo «regularlo» como sugería el PP.
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Curiosamente, el debate reveló un terreno común, ya que varias propuestas acabaron siendo aprobadas por unanimidad. El PSOE señaló que dos de los puntos presentados por el PP para instar al Gobierno de España a invertir en el ciclo del agua eran «prácticamente iguales» a una iniciativa que ellos mismos habían negociado previamente en el Parlament. A cambio de su apoyo, los socialistas lograron añadir dos nuevas exigencias dirigidas al Govern Balear: que dote de recursos suficientes a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y que ejecute íntegramente su presupuesto destinado a esta materia, garantizando que las inversiones lleguen a los municipios que más lo necesitan.
A pesar del enfrentamiento político, ambas formaciones coinciden en un punto fundamental: la solución definitiva supera la capacidad financiera de las administraciones locales y autonómicas. Por ello, un clamor unánime desde el Consell Insular se dirige al Gobierno de España para que incluya a las Baleares en los planes de inversión estatales y acuerde una planificación con financiación garantizada en los Presupuestos Generales del Estado para modernizar el ciclo integral del agua en el archipiélago. La sostenibilidad hídrica de Ibiza, concluyen, requiere un compromiso compartido y decidido de todas las instituciones.
