La agrupación Taxis-Pimem ha pedido al Govern balear que deniegue la concesión de cerca de 10.000 licencias de VTC en las Islas, al considerar que su entrada en el mercado sería “una hecatombe” que podría provocar la “quiebra absoluta” del modelo de transporte actual.
Así lo ha trasladado el presidente de la entidad, Gabriel Moragues, tras la reunión mantenida este miércoles en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.
Según Moragues, de ese paquete de autorizaciones unas 3.500 corresponderían a Mallorca y unas 6.500 a Ibiza, lo que, a su juicio, haría “insostenible” el sistema balear desde el punto de vista económico, viario y medioambiental. Las solicitudes se presentaron en los últimos años, especialmente tras la sentencia europea que cuestionó las ratios fijas entre taxis y VTC, y quedaron congeladas con la conocida como “ley anti-Uber”, que suspendió nuevas autorizaciones a la espera de un nuevo marco regulatorio.
La reunión de este miércoles ha servido para evaluar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), que obliga al Govern a tramitar de nuevo 600 solicitudes de VTC en Mallorca que habían sido denegadas durante la pasada legislatura, al considerar que la Administración aplicó la ratio de VTC por taxi de manera arbitraria. Es precisamente esa lógica judicial la que hace temer al sector un “efecto dominó” sobre el resto de expedientes.
“Una mafia” y un modelo “especulativo”
Moragues ha cargado con dureza contra el negocio detrás de estas autorizaciones. Según ha denunciado, muchas de las licencias ya se habrían traspasado poco después de ser solicitadas y habrían tenido que superar un proceso judicial para situarse ahora en la antesala de la concesión.
“Se trata de una mafia y no se entiende que la Fiscalía General del Estado no haya intervenido”, ha aseverado, al considerar que se está “especulando con un bien público” como son las autorizaciones de transporte, y que incluso se habrían usado los mismos vehículos para solicitar licencias en distintas comunidades autónomas.
El dirigente de Taxis-Pimem sostiene que tres o cuatro grandes empresas concentran la mayoría de las licencias VTC a nivel estatal y alerta de que, si se abrieran las compuertas en Baleares, podrían hacerse con una posición dominante también en el archipiélago.
Señalamiento a Uber y a las plataformas
Aunque ha insistido en que los taxistas están “dispuestos a coexistir” con las plataformas digitales, Moragues ha acusado a estas compañías de incurrir en “piratería” y cometer irregularidades, como parar en el paseo marítimo, deambular en busca de clientes o captar pasaje a mano alzada, compitiendo directamente con el servicio de taxi.
Ha puesto el foco en Uber, a la que reprocha una política de precios que, según ha dicho, rebaja las tarifas en invierno para situarlas por debajo de las del taxi, pero llega a cobrarlas “cuatro veces más” en verano, gracias a la flexibilidad que le da su sistema de precios dinámicos. Frente a eso, ha reivindicado que el taxi trabaja con tarifas regladas y necesita “llenar la despensa en verano” para poder mantener el servicio durante el invierno.
“Esto es una cosa impresentable para un sector que necesita llenar la despensa en verano para hacer sostenible el servicio en invierno”, ha lamentado, añadiendo que en Palma un 40% de la flota está parada 12 días al mes en temporada baja para poder “repartirse el hambre”.
Pese a las críticas, Moragues ha asegurado que el sector no ha generado problemas de paz social y ha defendido que el taxi y las VTC pueden dar servicio a públicos distintos, pero reclama “reglas claras” y límites al crecimiento de las plataformas.
Un debate clave para Ibiza
La advertencia de Taxis-Pimem tiene una lectura directa en Ibiza, donde, según los cálculos de la asociación, se concentran unas 6.500 de las casi 10.000 solicitudes sobre la mesa. No es la primera vez que se manejan cifras de este calibre: distintas patronales y el propio Moragues ya habían señalado que en Baleares se registraron más de 10.000 peticiones de VTC, y que “más de 7.000” correspondían a la isla pitiusa.
Además, el Consell de Ibiza afronta 89 causas judiciales abiertas por licencias VTC y recibió en 2024 solicitudes para 16.354 nuevas autorizaciones, de las que solo 365 fueron aprobadas y el resto se denegaron o quedaron en suspenso. Sobre esa montaña de expedientes se superpone ahora la doctrina del TSJIB, que cuestiona las denegaciones basadas de forma automática en una ratio entre taxis y VTC, sin una justificación detallada de interés general.
En paralelo, el Govern mantiene prorrogada la moratoria que congela nuevas licencias de taxi y VTC hasta que se aprueben los nuevos reglamentos del sector, con la intención declarada de evitar una avalancha de autorizaciones mientras se rediseña el modelo.
En este tablero, la presión de Taxis-Pimem añade una nueva pieza: el sector reclama que el Ejecutivo apure al máximo los resquicios legales para denegar el grueso de las casi 10.000 licencias en juego, con el argumento de que, de lo contrario, el sistema colapsaría y el espacio quedaría en manos de un puñado de grandes operadores y plataformas como Uber.
