La tensión en el sector del transporte balear se ha intensificado tras la publicación del quinto borrador del Proyecto de decreto que regula los servicios de taxi y VTC en las islas. Representantes del sector, encabezados por Joan Marí Riera y la Agrupación Empresarial de Auto-Taxi de Baleares, han presentado un duro escrito de alegaciones ante la Dirección General de Movilidad, advirtiendo que la normativa actual supone un «total despropósito» que pone en riesgo la estabilidad del servicio público.
El punto de mayor fricción radica en la decisión del Govern de regular conjuntamente el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Los profesionales exigen que el articulado se separe, argumentando que el taxi es un servicio de interés público, mientras que las VTC operan bajo libre iniciativa privada. Según las fuentes, esta confusión no solo es técnicamente incorrecta, sino que facilita futuras impugnaciones judiciales que podrían paralizar todo el sector.
Restricciones de vehículos y favoritismos comerciales
En el escrito, los taxistas cuestionan la limitación de las características técnicas de los vehículos. El sector rechaza la prohibición de coches híbridos de menos de 4,60 metros (anteriormente 4,35 metros en otros borradores), una medida que deja fuera del mercado a modelos eficientes de marcas como Kia, Dacia, Hyundai o Peugeot. A juicio del colectivo, esta decisión parece estar «hecha a medida» para favorecer a marcas específicas, como Toyota, lo que distorsionaría la unidad de mercado.
Jubilación y derechos laborales: «discriminación por edad»
La Agrupación de Auto-Taxi también ha puesto el grito en el cielo por las medidas que afectan a los profesionales veteranos. El borrador propone la pérdida automática del carnet de taxista al llegar a la jubilación y la obligación de traspasar la licencia en un plazo máximo de tres meses tras el retiro. Los taxistas tildan estas medidas de «discriminatorias por edad» y carentes de justificación objetiva, recordando que la jubilación es reversible y debería ser compatible con el mantenimiento de la actividad profesional en ciertos términos.
Incertidumbre en las licencias y tecnología impuesta
El documento de alegaciones subraya una profunda falta de claridad sobre si las autorizaciones mencionadas son de ámbito nacional, autonómico o insular. Además, los taxistas se oponen a la obligatoriedad de utilizar una aplicación tecnológica pública para aquellos que ya trabajan con sistemas privados o emisoras, alegando que esto genera riesgos de seguridad vial por distracciones y supone una competencia desleal desde la administración.
Entre otras cuestiones, las alegaciones también alertan sobre:
- Doble cotización: Se exige regular la imposibilidad de que conductores asalariados coticen simultáneamente en el régimen general y en el de autónomos para la misma actividad.
- Traspasos onerosos: Solicitan una regulación clara de las transmisiones de licencias para evitar «concesiones encubiertas».
- Identidad local: Se rechaza la imposición del color negro para los números de licencia traseros, defendiendo el color azul actual en municipios como Ibiza para respetar las competencias locales.
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