La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que obliga a reexaminar 600 solicitudes de licencias VTC en Mallorca ha encendido las alarmas en el sector del taxi de las Islas Baleares, y particularmente, en Ibiza.
El fallo, que el Govern ha anunciado que recurrirá, no afecta a expedientes de Ibiza, pero sí pone en cuestión que las administraciones, en este caso el Govern, usen ratios fijas entre taxis y VTC para denegar licencias. Es el mismo argumento utilizado por los tribunales europeos.
El TSJIB tumba la resolución que rechazó seis peticiones de 100 licencias y obliga a reexaminar el caso sin aplicar la proporción de 12,6 taxis por cada VTC, al entender que se usó de forma automática, sin justificar “razones imperiosas de interés general”.
También precisa que estas solicitudes, presentadas antes de 2024, no están amparadas por la moratoria de la Ley 1/2024, que solo frena nuevas peticiones posteriores.
“No es una noticia agradable. En realidad, es para echarse las manos a la cabeza. Nos preocupa mucho el recorrido que esto pueda tener”, ha dicho a La Voz de Ibiza Toni Roig, el presidente de la Federación del Taxi de Ibiza y Formentera (FTIE).
Roig dijo desde el sector del taxi siguen expectantes qué pasará luego de que el Govern anunciara que recurrirá la sentencia. Y, aunque apunta a la cautela, no descarta que una medida así tenga sus consecuencias en Ibiza: “Vamos a ver cuál es el recorrido judicial que tiene, pero esperemos que no afecte a nuestro sector”.
Una mirada al estado de la cuestión en los tribunales invita a pensar que la reciente sentencia del TSJIB no es un antecedente menor.
Miles de licencias en disputa
Según datos publicados en septiembre por Radio Ibiza, el Consell de Ibiza tiene actualmente 89 causas judiciales abiertas relacionadas con licencias VTC.
En 2024 se presentaron en la isla 16.354 solicitudes de autorizaciones de VTC; de ellas, solo 365 fueron autorizadas y el resto quedaron rechazadas. De los litigios en marcha, 81 procesos se refieren a 5.782 licencias denegadas y a otras 73 que han quedado suspendidas, mientras que ocho recursos se han presentado contra 141 licencias concedidas.
El Consell ha defendido públicamente una línea dura: el director insular de Transportes, Roberto Algaba, ha insistido en que la institución mantiene una “postura firme” de no autorizar más licencias porque, según su criterio, ya se cumple sobradamente la ratio legal de VTC y muchas peticiones obedecen a estrategias especulativas para lucrarse con las autorizaciones. Ese umbral, fijado en el Decreto 43/2014, es de 6,74 taxis por cada VTC en Ibiza, cuando en la práctica la isla se mueve ya en una proporción cercana a 1 VTC por cada 3 taxis.
Buena parte de la política del Consell para rechazar nuevas VTC se ha apoyado en el argumento de que la ratio legal ya se ha cubierto, tal y como ha explicado públicamente la propia institución. Falta por ver hasta qué punto ese mismo razonamiento, ahora cuestionado en la sentencia de las 600 VTC de Mallorca, está presente —y con qué peso— en las resoluciones que han acabado en los tribunales.
La tensión viene de años. En 2023, el conseller de Movilidad, Mariano Juan, ya había advertido que el Consell denegaría “todas y cada una” de las más de 12.000 solicitudes de licencias VTC que colapsaban el departamento, al considerar “inaceptable” que se paralizara la administración para “especular y ganar dinero” con estos títulos.
En 2020, tras una sentencia del Tribunal Supremo, el Consell de Ibiza empezó a tramitar 436 licencias VTC que habían sido solicitadas años antes, y una primera empresa logró reactivar 30 peticiones que inicialmente se habían denegado porque los vehículos no tenían domicilio en la isla, según informó IB3.
Uber y un modelo pensado para atar las VTC a cada isla
Este verano, la Federación del Taxi de Ibiza y Formentera (FTIE) ha calificado de “despropósito considerable y cada vez más serio” la expansión de Uber en la isla y denuncia que muchos vehículos que operan a través de la plataforma “podrían no tener la licencia VTC requerida”, con una caída de la facturación de en torno al 25 % y un desplome de las llamadas a la central de reservas de 60.000 en mayo de 2024 a 32.000 este año, según explicó su presidente, Toni Roig, en Radio Ibiza.
En este contexto, el Govern trabaja en un nuevo reglamento de taxis y VTC que pretende dar más control a los consells y ayuntamientos y frenar el avance de estas plataformas. Según adelantó La Voz de Ibiza, el texto fija criterios objetivos para determinar cuántas licencias pueden concederse en cada modalidad y, sobre todo, introduce una regla clave: una vez que entre en vigor el nuevo reglamento, las VTC solo podrán operar en la isla de la cual tienen autorización. El texto contempla solo un mes para posibles cambios de domicilio.
Hasta ahora, la normativa vigente permite a las VTC operar en todas las islas del archipiélago, algo especialmente relevante si se tiene en cuenta que en Baleares hay 768 licencias VTC otorgadas y más de la mitad (cerca de 400) están domiciliadas en Ibiza.
La nueva regulación pretende cortar esa movilidad interinsular y atar cada autorización a su territorio, al tiempo que el reglamento —actualmente en la recta final de su tramitación tras recibir los informes favorables de IB Dona y del Consell de Consum— establece que los consells insulares fijarán los cupos de licencias de VTC en función de parámetros como el Índice de Presión Humana, la red de transporte público, las grandes infraestructuras y el impacto ambiental.
Intereses cruzados entre Ibiza y Mallorca
Otro dato que ilustra el apetito empresarial y la conexión entre islas: según publicó La Voz de Ibiza, empresas y autónomos con sede en Ibiza se han quedado con 18 de las 75 licencias de VTC estacionales que el Govern concederá para la última temporada en Mallorca, casi un cuarto del total. En Ibiza, en cambio, no se otorgan licencias VTC estacionales pese a la histórica reivindicación del sector.
En el caso de las licencias fijas, la nueva regla de “cada VTC en su isla” que el Govern quiere implantar limitará, sobre el papel, esa posibilidad de “migrar” vehículos de una isla a otra según convenga la demanda.
