La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que obliga a reexaminar 600 solicitudes de licencias VTC en Mallorca ha encendido las alarmas en el taxi balear. Y es que desde el sector hay temor de que se genere un efecto dominó que implique a corto plazo la revisión de otras miles de licencias en Mallorca y, también, en Ibiza.
Según ha podido saber La Voz de Ibiza, la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB) ha celebrado en las últimas horas una reunión en el Parlament con su abogado de cabecera, José María Baño, responsables del Govern y la jefa del Servicio Jurídico de la comunidad para analizar el alcance real del fallo y preparar su estrategia para frenar jurídicamente un aluvión de más licencias VTC en el archipiélago.
En ese encuentro se trasladó la preocupación de que el problema podría ir mucho más allá de las 600 licencias afectadas por la sentencia. La FITIB maneja el escenario de que la lógica del TSJIB —que impide aplicar la moratoria de la Ley 1/2024 a solicitudes presentadas en 2022 y 2023— termine impactando sobre un bloque de cerca de 3.600 peticiones de VTC, principalmente en Mallorca que quedaron en suspenso.
Alerta en Ibiza
La federación ha empezado a coordinarse por islas: celebró una reunión con los presidentes de las asociaciones de Mallorca y una videoconferencia con representantes del taxi de Ibiza, ante el temor de que el mismo criterio judicial pueda extenderse a las solicitudes presentadas en la Pitiusa mayor.
Los taxistas de la federación trabajan con la hipótesis de que alrededor de 6.000 licencias VTC en suspenso podrían verse afectadas si se replican las mismas tesis jurídicas de la reciente sentencia del TSJIB.
Ese temor no parte de cero. Como publicó Radio Ibiza, el Consell insular afronta actualmente 89 causas judiciales vinculadas a licencias VTC, después de un 2024 en el que se registraron 16.354 solicitudes en la isla, de las que solo 365 fueron autorizadas y el resto se rechazaron o quedaron suspendidas.
En 2023, el entonces conseller de Movilidad, Mariano Juan, ya había advertido de que el Consell denegaría “todas y cada una” de las más de 12.000 solicitudes de VTC acumuladas, al considerar “inaceptable” que se utilizara la administración para “especular y ganar dinero” con las licencias.
Efecto dominó
La preocupación del taxi se centra en el posible “efecto dominó” de la sentencia de las 600 VTC. El fallo ordena retrotraer el expediente al momento de la solicitud (finales de 2022 y principios de 2023) y obliga al Govern a responder de nuevo: o bien requerir documentación y conceder las licencias si se cumplen los requisitos, o bien denegarlas con una justificación detallada basada en razones de interés general, en línea con lo que exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Es decir, no permite denegar las autorizaciones VTC bajo el argumento de una ratio entre las licencias de taxi y VTC.
Desde la federación, consideran que la situación es grave y trabajará en este frente en las próximas semanas, en diálogo con distintos actores políticos para obtener apoyo.
El movimiento del taxi balear llega en paralelo al anuncio del Govern, que ha decidido recurrir la sentencia del TSJIB y ha calificado el fallo de “injusto” para el taxi, al entender que abre la puerta a una entrada masiva de VTC si no se clarifica el marco regulatorio. Mientras el Ejecutivo prepara ese recurso y acelera el nuevo reglamento que ligará las VTC a cada isla y permitirá fijar cupos por territorio, la federación afina su propio plan para tratar de evitar que las 600 licencias que han detonado el conflicto sean solo el primer capítulo de una batalla por miles de autorizaciones en toda la comunidad.
