Un propietario de un piso en el barrio Es Viver, en la ciudad de Ibiza, ha denunciado un presunto caso de inquiokupación y subarriendo ilegal en su vivienda. Según explica, alquiló el apartamento para la temporada de invierno y se encontró con que la inquilina no pagaba el alquiler y había convertido el piso en un negocio de alquiler por habitaciones.
De acuerdo con su testimonio, la mujer dividió la vivienda sin autorización del propietario y comenzó a alquilar habitaciones a otras personas, llegando a cobrar hasta 850 euros por cada una. El piso, que tiene dos dormitorios, habría llegado a albergar hasta seis personas.
En una entrevista con IB3, el propietario, que ha pedido permanecer en el anonimato, asegura que la situación continúa generando problemas en el edificio.
Un piso dividido para alquilar habitaciones
Según relata, el apartamento fue alquilado inicialmente para el periodo de noviembre a abril. Sin embargo, pocos días después de firmar el contrato comenzó a sospechar que algo no iba bien al no recibir el pago del alquiler.
Cuando acudió al edificio para preguntar, descubrió que varias personas estaban viviendo dentro del piso.
“Me encontré seis personas viviendo allí. Tenían contratos firmados con la mujer a la que yo había alquilado el piso”, explica.
Según su versión, la inquilina no residía realmente en la vivienda, sino que había reorganizado el apartamento para alquilar habitaciones a terceros. Incluso habría dividido el salón para crear más habitaciones, con el objetivo de aumentar el número de inquilinos y maximizar los ingresos.
Hasta 850 euros por habitación
El propietario asegura que cada habitación se alquilaba por 850 euros, una cifra muy superior al alquiler mensual que él había pactado por toda la vivienda.
“Ella no me paga el alquiler, pero sigue cobrando el dinero de la gente que vive dentro”, denuncia. A su juicio, el objetivo era claro: obtener un beneficio económico subarrendando el piso sin autorización del propietario.
También habrían ocupado el piso de la vecina
El caso no se limitaría a una sola vivienda. Según el propietario, junto a su pareja habría ocupado el piso contiguo, que estaba vacío porque su propietaria reside en Mallorca.
El denunciante asegura que la cerradura del apartamento fue forzada y que, posteriormente, comenzaron a utilizar esa vivienda con el mismo sistema de alquiler por habitaciones.
“Están haciendo lo mismo en el piso de al lado”, afirma.
Habitaciones anunciadas en Facebook
El propietario también sostiene que las habitaciones se promocionaban a través de anuncios en Facebook.
Según explica, varias personas habrían advertido públicamente en redes sociales que la pareja actuaba de forma fraudulenta, alertando a posibles inquilinos para que no alquilaran habitaciones con ellos.
Algunos afectados habrían acudido incluso a la Policía para denunciar la situación, aunque el propietario asegura que la actividad continuaba con normalidad.
“Entran y salen muebles, entra y sale gente… como si fuera algo normal”, lamenta.
El propietario logra recuperar el alquiler
Tras descubrir lo ocurrido, el dueño del piso decidió hablar directamente con las personas que vivían en el apartamento. Después de mostrarles documentación que acreditaba que él era el propietario, los residentes comenzaron a pagarle el alquiler directamente a él.
“Les expliqué la situación y les enseñé que yo soy el propietario. Al final decidieron pagarme a mí porque necesitan la habitación”, explica.
Sin embargo, la situación del piso vecino seguiría sin resolverse, lo que mantiene el malestar entre algunos vecinos del edificio.
Entre incumplimiento civil y posible delito
Un abogado consultado por IB3 explica que, en principio, gran parte de las irregularidades denunciadas podrían encuadrarse en el ámbito civil, ya que existiría un contrato de alquiler entre propietario e inquilino.
Esto implicaría incumplimiento de contrato por impago del alquiler, subarriendo no autorizado y realización de obras sin consentimiento del propietario.
No obstante, la ocupación del piso vecino podría tener implicaciones penales, si se demuestra que la vivienda fue tomada sin permiso de su propietaria.
Además, si se probara que la inquilina alquiló el piso con la intención inicial de no pagar y obtener beneficio subarrendándolo, el caso podría investigarse también como un posible delito de estafa.
El caso vuelve a poner el foco en el fenómeno de la inquiocupación y los llamados “pisos patera” en Ibiza, una práctica que vecinos y propietarios denuncian cada vez con más frecuencia en una isla marcada por la crisis de vivienda y el alto precio del alquiler.
