El 12 de febrero de 2024 será recordada como la fecha del acta de defunción del Plan Especial del Puerto La Savina de Formentera. Ese día, caducó el Informe Ambiental Estratégico que frenó toda la tramitación de un expediente clave para actualizar la ordenación y gestión de la zona de servicio portuaria.
El principal responsable de la negligencia guarda silencio: Javier Serra, el actual presidente de Compromís que entonces era vicepresidente del Consell y tenía a su cargo la Conselleria de Territorio e Infraestructura en el momento que se produjo la caducidad.
Por motivos que por ahora son un misterio, Serra ignoró todas las alertas propiciando la caducidad del Plan Especial, que ahora deberá aguardar algunos años para concretar su aprobación definitiva.
Alertas ignoradas
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en un escrito firmado por el presidente José Javier Sanz Fernández, había alertado de esta situación al Consell sobre la situación del “informe ambiental estratégico”.
En un escrito que obra en poder de La Voz de Ibiza, se advertía que, “vista la proximidad de la fecha de caducidad de la vigencia del informe ambiental estratégico, y teniendo en cuenta las dificultades en la tramitación del expediente, desde este órgano promotor se solicita al Consell de Formentera, órgano sustantivo en este expediente, que, sí lo estima oportuno, traslade al órgano ambiental (…) petición de una ampliación de 12 meses del plazo para la aprobación definitiva del Plan Especial, en caso de no poder llevar a cabo la aprobación definitiva con anterioridad a la fecha señalada”.
Además de remarcar que la fecha límite de validez era el 12 de febrero, alertaba sobre la “complejidad de este expediente y el interés, tanto de la Autoridad Portuaria como del Consell de Formentera, en elaborar un Plan Especial lo más completo y consensuados posible, vienen requiriendo de gran cantidad de trabajos y la revisión conjunta de los mismos, y la necesidad de distintas reuniones e intercambios de documentación entre ambos organismos, todo lo cual hace difícil que se pueda encajar la terminación del expediente en el plazo establecido”.
Según fuentes del Consell, Llorenç Córdoba el mismo día 7 de febrero, fecha en la que le notificaron esa nota de advertencia, pidió confirmación de recepción por parte de Javi Serra, que ratificó ese mismo día. A esa altura, ya había estallado la interna entre la coalición Sa Unió y el presidente insular.
Fuera de plazo
En un intento desesperado de evitar lo inevitable, Serra presentó tarde la solicitud de prórroga, a la que no tenía derecho, indicaron desde el Govern tal como había avanzado La Voz de Ibiza.
La petición de prórroga presentada por el Consell ni siquiera entró en el tiempo correspondido, ya que la solicitud se ha presentado con fecha 19 febrero, es decir fuera del plazo establecido y ya con la tramitación ambiental caducada por ley.
Por todo esto no se ha dictado una resolución de pérdida de vigencia, ya que ésta se produce automáticamente transcurrido el plazo de cuatro años. La norma urbanística había sido aprobaba inicialmente en junio de 2022, durante el gobierno de GxF y PSOE.
