Los jueces y fiscales de Ibiza se encuentran en pie de guerra contra las reformas impulsadas por el Gobierno central que, según han manifestado, ponen en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal.
Esta semana se ha realizado una protesta en la puerta del nuevo edificio judicial de la calle Madrid, en donde han alertado sobre los riesgos que conlleva el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Aseguran que estas iniciativas legislativas rebajan la excelencia en la formación, abren la puerta a filtraciones ideológicas y suponen una «injerencia política directa» en la actuación de los fiscales.
La reforma se basa en dos aspectos. Por un lado la parte procesal “supuestamente para agilizar. Pero que no agilizan, te aseguro, absolutamente nada. En muchos casos entorpecen”, ha expuesto el juez decano Sergio González Malabia en una entrevista con La Voz de Ibiza.
Y la otra parte tiene que ver con una reforma orgánica, “organizativa de funcionamiento, que también se supone que es para hacer más eficacia, pero tampoco lo va a conseguir”.
En este último aspecto, se modificarán las organizaciones internas de los juzgados. “Cada vez menos manos para más asuntos. Por mucho que cambiemos las piezas, cambiemos los nombres, por cabeza vamos a seguir saliendo un número estratosférico de causas”, ha expuesto el juez decano Sergio González Malabia en una entrevista con La Voz de Ibiza.
“Es innecesario. Se va modificar la organización interna. Ya no serán juzgados, sino que ahora es un único tribunal con secciones. Digamos, yo, que soy de Primera Instancia Número 3, no tendría a mis funcionarios”, detalló.
De esta forma, por caso, González Malabia “perdería” a los nueve funcionarios que tiene a su cargo. Con la reforma, que comenzaría a implementarse desde el 1 de enero, “todos los funcionarios serán de todos. Ya no habrá juzgados, será un único tribunal formado de muchos funcionarios y de muchos jueces”.
Esto implicará un “cambio de mentalidad. Porque yo tenía mi función y ellos (por sus funcionarios) saben cómo funciona, saben cómo funciono yo y es mucho más eficiente. Ahora ya no tengo funcionarios, me puede tocar cualquiera. Va a ser un desastre. Yo confiaba en que no llegaran a entrar en funcionamiento, pero sí que van a entrar”.
“Ya vamos completamente desbordados y encima nos meten modificaciones legislativas que también suponen alterarlo todo. Esto de la no organización es un desastre por completo”, puntualizó.
Nuevo formato, los mismos problemas
Para el juez, “al final es mover todas las piezas, darles otro nombre, pero son las mismas piezas para sacar el mismo número de asuntos, que además cada vez va en aumento de una forma tremenda”.
Para González Malabia, el problema es la falta de personal. “No hay gente. El problema de las plantillas no solo es aquí, es en toda la Administración del Estado”.
Por eso, entiende que con esta “reordenación de los medios no se va a conseguir mayor eficacia, mayor eficiencia, que es lo que se pretende. Podemos reorganizar los mismos medios de otra forma, pero no se va a hacer más eficiente o más efectivo mientras sigan siendo personal insuficiente o manos insuficientes para tramitar todo el número de asuntos”.
Para ser más gráfico, planteó un ejemplo “de un bar con 4 camareros. Un día vienen 3 señores a comer y los 4 camareros los pueden atender. Otro día vienen 10 y ya le atienden un poco peor. Un día vienen 100 comensales y los 4 camareros ya no dan de sí. Se van a acumular las comandas, las peticiones”.
La reforma para el juez decano es “cambiar las mesas de sitio. A cada camarero le damos una nueva función y cambiamos el rótulo del bar. Pero siguen entrando 100 comensales. El problema es el mismo. En vez de 4 camareros, necesitaría 40”.
Por eso, dijo que “mientras no se adopte esa decisión, no se va a solucionar. Esto es un cambio estructural que además va a suponer un dineral de inversión para establecerlo”.
¿Sin marcha atrás?
A pesar de los reclamos de los fiscales y jueces a nivel nacional, el Gobierno central no quiere dar el brazo a torcer con la reforma. “Están empecinados y se va a hacer caiga quien caiga”, ha sostenido el juez decano de Ibiza.
“Está aprobado y va a entrar en funcionamiento y lo respetamos. Es el Legislativo, hace la ley y la respetaremos. Y aquí esperamos que los otros poderes respetaran también las decisiones judiciales porque parece ser que no les vienen bien o se cuestionan todas cuando sea. Nosotros acataremos la ley. Ahora bien, veremos en qué acaba”, sostuvo.
De todas formas, dijo que “nadie me puede quitar el poder criticarla. Por supuesto. Esta ley se cumplirá, no nos queda más remedio. Estamos sometidos únicamente a la ley”.
“Aquí todo el mundo parece que puede hablar de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar calladitos y no decir absolutamente nada. No puedo decir nada de la sede, de que la acaben de una vez. No puedo decir nada del plus de insularidad. No puedo decir que esta ley de modificación de todo este sistema me parece que no va a servir para nada. No podemos decir nada. Hay que estar calladitos y obedecer”, afirmó.
En contraposición, dijo que “todo Dios nos puede dar palos. ‘Todo va muy lento. No hacéis nada’. Yo leo cada cosa por ahí. A todo el mundo le digo ‘te invito un día que te vengas conmigo. Vente conmigo desde las 8 de la mañana hasta que yo acabe’. Y vas a ver tú cuánto café se toma, cuánto se está hablando por los pasillos o cuántas historias llevamos. Los que yo tengo, mis funcionarios, toman café. Una máquina se han comprado para ni salir”.
“Lo que pasa es que sí, es cierto que hay cuatro ovejas negras. En todos los sitios los hay. En todos los trabajos, en todas las empresas. Pero que no solo son esas cuatro ovejas negras. Hay mucha gente que curra y esto funciona. Si medianamente funciona, es por cuatro imbéciles implicados a muerte. Porque cuatro tontos hay en todos los lados. Y aquí también”, concluyó.
