La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este jueves, a las 9.30 horas, la vista previa del juicio contra un agente de la Guardia Civil acusado de aprovechar su cargo para pasar información a un investigado por tráfico de drogas. Según el escrito de acusación, el agente consultó la matrícula de un vehículo en una base de datos policial sin autorización y trasladó los datos al sospechoso.
La Fiscalía pide cárcel e inhabilitación
El Ministerio Público solicita un año y ocho meses de prisión como supuesto autor de un delito de encubrimiento, así como seis años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo. La pena de inhabilitación, si se confirma en sentencia, apartaría al agente de sus funciones durante todo ese periodo.
Una consulta hecha con el ID de un compañero
Los hechos que se juzgan se remontan a octubre de 2022. En esa fecha, según la Fiscalía, un investigado por tráfico de drogas se puso en contacto con el acusado para saber si un vehículo concreto figuraba como coche de alquiler o si, por el contrario, no constaban registros a su nombre.
El agente, siempre según el escrito de acusación, hizo la comprobación en la base de datos sin autorización ni justificación en el marco de sus funciones. Para no dejar rastro propio, utilizó el ID de un compañero al lanzar la consulta y después trasladó el resultado al investigado.
Un delito de encubrimiento a examen
La calificación que sostiene la Fiscalía es la de un delito de encubrimiento. La acusación se apoya en dos elementos: que la consulta no respondía a ninguna diligencia policial abierta y que el destinatario de la información estaba siendo investigado por tráfico de estupefacientes, un extremo que el agente conocía.
La vista previa que se celebra este jueves servirá para fijar la prueba que se practicará en el juicio y resolver las cuestiones planteadas por las partes antes de la vista oral.
Uso indebido de bases de datos policiales
Los procedimientos por uso indebido de bases de datos policiales se han multiplicado en los últimos años en los tribunales españoles. Se trata de consultas hechas por agentes fuera de sus funciones, en ocasiones a petición de terceros, y que suelen dejar huella informática pese a los intentos de camuflarlas. El caso que se ve este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares encaja en ese patrón: un guardia civil que, según la acusación, habría usado el acceso privilegiado del cuerpo para beneficiar a un investigado por tráfico de drogas.
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