Aena ha cerrado de nuevo la puerta a la cogestión de los aeropuertos y ha enfriado así las aspiraciones del Govern balear de ganar capacidad de decisión sobre infraestructuras como la de Ibiza. El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, defendió en la junta general de accionistas el modelo centralizado de la red y afirmó que cualquier cesión, transferencia o fórmula de cogobernanza con las comunidades autónomas resulta “incompatible” con el marco constitucional y legal vigente.
Las posición de Lucena impacto directo sobre Baleares, porque llega después de que el Parlament haya abierto la tramitación de una proposición para reforzar la participación de las instituciones insulares y autonómicas en la gestión aeroportuaria. Como ya explicó La Voz de Ibiza en su análisis sobre la cogestión aeroportuaria y el posible techo de vuelos en Ibiza, el objetivo político de esa iniciativa pasa por tener más margen sobre cuestiones como la conectividad, la planificación de infraestructuras o incluso la limitación de operaciones en momentos de saturación.
Lucena sostuvo que la vía de la cogestión aeroportuaria no tiene encaje en Aena. Recordó que los aeropuertos de interés general están sometidos a un régimen jurídico específico y subrayó que el 49 % del capital del grupo está en manos de accionistas privados, con una capitalización bursátil que ronda los 40.000 millones de euros. A su juicio, cualquier decisión que altere la propiedad, la gestión o la autonomía societaria de la compañía chocaría no solo con la Ley 18/2014, sino también con el deber fiduciario de sus administradores frente a los accionistas.
Ese mensaje no es nuevo, pero sí endurece el choque con las tesis defendidas desde Baleares. Ya en 2025, el Gobierno había descartado la cogestión del aeropuerto de Ibiza y había rechazado vincular la solución a la masificación con una reducción de slots. Ahora, Aena va un paso más allá y avisa de que cualquier fórmula que implique ejercicio de competencias autonómicas sobre aeropuertos de interés general, cesión de activos o interferencia en la gestión sería jurídicamente inviable, aunque considere legítimo el debate político.
Rechazo a decisiones vinculantes del Govern
La compañía sí abre la mano a la colaboración, pero no a compartir el mando. Lucena puso como ejemplo el acuerdo alcanzado con el País Vasco para crear un órgano bilateral de carácter consultivo y no vinculante, una fórmula que, según defendió, no altera ni el régimen legal ni la autonomía de Aena.
Ese matiz es relevante para Ibiza: la propuesta en Baleares implica que el Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears, un órgano en el que participan administraciones públicas, AENA y agentes sociales, pueda emitir informes de caracter vinculante.
El Govern puede seguir empujando iniciativas políticas y reclamando órganos de participación, pero la intervención de Lucena confirma que no hay disposición a abrir una cogestión real del aeropuerto de Ibiza dentro del modelo actual. Y eso complica que prosperen, al menos por la vía societaria y legal hoy vigente, herramientas como un eventual techo de vuelos impulsado desde Baleares.
Esta defensa del modelo de red integrada se produce en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico (321,6 millones de pasajeros en España en 2025) y ante la inminente aprobación del DORA III, que contempla un ambicioso plan de inversiones.
