La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado con firmeza ante la ofensiva legal emprendida por el cantante Julio Iglesias. Tras ser denunciada por presuntas injurias y calumnias, la titular de Trabajo ha utilizado sus perfiles sociales para ratificar su compromiso con los derechos laborales, y aseguró que «ninguna acción judicial frenará su labor de denuncia pública».
El origen de la disputa: acusaciones de «esclavitud»
El enfrentamiento estalló a raíz de unas declaraciones de la ministra en las que vinculaba la gestión del artista con situaciones de «esclavitud» y «abusos sexuales» hacia sus empleadas. Estas afirmaciones fueron consideradas por el equipo jurídico de Iglesias como un ataque directo a su honor, lo que derivó en una demanda interpuesta por el reconocido abogado José Antonio Choclán.
La defensa del cantante sostiene que Díaz ha incurrido en un comportamiento calumnioso que ha generado un «grave daño social». Por ello, el escrito judicial exige una compensación económica y, sobre todo, una rectificación pública que tenga el mismo alcance que las acusaciones originales.
Yolanda Díaz ha respondido a través de la red social Bluesky con un mensaje que reafirma su postura, muy lejos de retractarse. La vicepresidenta subrayó que su prioridad absoluta es la «defensa de las mujeres trabajadoras ante cualquier figura que vulnere su integridad, sus derechos» y que «no dejará de hacerlo».
Las exigencias legales de Julio Iglesias
En la denuncia, el equipo del artista busca una reparación integral que incluye:
-
Rectificación pública: se solicita que la ministra utilice la misma plataforma (Bluesky) para desmentir sus palabras.
-
Indemnización económica: una cuantía aún por determinar que compense el perjuicio causado a la reputación internacional del cantante.
-
Responsabilidad institucional: la demanda pone el foco en cómo un alto cargo del Gobierno utiliza su posición para realizar acusaciones de extrema gravedad sin una sentencia judicial previa.
Este caso trasciende la disputa personal y abre una disputa jurídica sobre la responsabilidad de los cargos públicos en redes sociales. Mientras que Iglesias defiende su derecho al honor y a la presunción de inocencia, Díaz sitúa el conflicto en el campo de la política por la dignidad de los colectivos vulnerables; aunque, por ahora, el proceso sigue su curso normal en los tribunales.
