La controversia en torno a la planta asfáltica de Sant Rafel sigue generando tensión entre los vecinos y las administraciones. Tras meses de incertidumbre, la Fiscalía de Ibiza ha decidido archivar la investigación sobre la instalación de la planta en la zona de sa Coma, al considerar que no hay indicios de un delito penal.
Sin embargo, el informe elaborado por el Seprona ha revelado que el proyecto se inició sin contar con la obligatoria declaración de impacto ambiental, lo que podría constituir una infracción administrativa muy grave.
Un proyecto cuestionado desde el inicio
La instalación de la planta asfáltica desató una fuerte oposición vecinal en el verano de 2024, cuando varias asociaciones denunciaron falta de transparencia y posibles riesgos para el entorno. Argumentaban que no se había informado adecuadamente sobre el impacto que la infraestructura podría tener en la calidad del aire y la salud de los residentes.
A raíz de estas preocupaciones, los vecinos presentaron un escrito ante la Fiscalía, solicitando que se investigara la legalidad del proyecto. Ahora, tras meses de análisis, el Ministerio Público ha notificado a los denunciantes que no ha encontrado pruebas suficientes para considerar que la planta incurre en un delito contra el medio ambiente o la salud pública.
No obstante, el informe del Seprona, encargado de evaluar las condiciones en las que se puso en marcha la planta, ha sido claro: el proyecto comenzó sin la declaración de impacto ambiental exigida por la normativa vigente, un requisito clave para determinar la viabilidad y las posibles repercusiones de la instalación, ha informado Radio Ibiza.
Vecinos exigen el cierre inmediato de la planta
Las asociaciones vecinales han reiterado su rechazo a la instalación y han calificado la situación de inaceptable. Consideran que la falta de evaluación previa pone en riesgo la calidad de vida de la comunidad y aseguran que seguirán exigiendo el desmantelamiento inmediato de la planta.
«Es increíble que un proyecto de estas características haya seguido adelante sin cumplir con los procedimientos legales», han señalado representantes vecinales, quienes también critican la falta de información y la actitud de las autoridades ante sus reclamaciones.
Por su parte, desde el Consell de Ibiza han recordado que se comprometieron a desmantelar la planta, algo que hasta el momento no se ha llevado a cabo.
Una resolución que no cierra el conflicto
A pesar del archivo de la causa penal, la polémica sigue abierta. La detección de una posible infracción grave en el ámbito administrativo podría derivar en sanciones y nuevas exigencias para los responsables de la instalación.
Mientras tanto, los vecinos insisten en que continuarán presionando a las autoridades para que se garantice la seguridad ambiental y se cumplan los compromisos adquiridos con la comunidad.
