El juicio contra el ex alcalde de Sant Antoni, José Tur Cires, y la ex regidora de Urbanismo, Cristina María Ribas, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Palma.
La Fiscalía ha mantenido su postura de que no hubo delito de prevaricación en la revocación del permiso para la instalación de un chiringuito en Cala Gració en 2018. Según el Ministerio Público, la decisión se tomó con base en informes técnicos y no con la intención de perjudicar a la empresa concesionaria.
Un cambio de criterio respaldado por informes técnicos
La defensa de los acusados ha insistido en que la revocación del permiso no fue una decisión caprichosa, sino el resultado de informes elaborados por técnicos municipales que detectaron irregularidades en el proyecto. Entre ellas, la falta de una autorización específica de obra y la clasificación errónea del suelo, que inicialmente se consideró urbano cuando en realidad tenía protección rústica.
La fiscal ha subrayado que rectificar un acto administrativo ante la detección de errores no implica prevaricación. “De lo contrario, cualquier corrección en la gestión municipal podría interpretarse como un delito, lo que no tiene sentido”, ha argumentado.
La acusación sostiene que se actuó de forma arbitraria
La empresa afectada, en cambio, ha defendido que la retirada del permiso fue una decisión política disfrazada de procedimiento técnico. Su abogado ha asegurado que los informes utilizados para justificar la revocación se elaboraron después de que el Ayuntamiento recibiera presión vecinal y que no se siguió el procedimiento administrativo adecuado.
La acusación particular ha cuestionado por qué, si la empresa estaba incumpliendo normativas, no se inició un expediente sancionador. En su opinión, el Consistorio simplemente decidió bloquear la instalación del chiringuito sin ofrecer una vía de subsanación.
Un caso que enfrenta criterios jurídicos
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando la Demarcación de Costas de Baleares autorizó la instalación del chiringuito en Cala Gració. En abril de 2018, el Ayuntamiento de Sant Antoni concedió el permiso municipal, pero un mes después lo revocó alegando que faltaba un certificado de finalización de obras.
Ahora, la justicia deberá determinar si la actuación del Ayuntamiento fue una gestión administrativa legítima o una decisión arbitraria que perjudicó a la empresa concesionaria. Con la Fiscalía y la defensa en la misma línea, la resolución del tribunal marcará el desenlace de un caso que ha estado rodeado de polémica desde el principio.
