La mansión que Lionel Messi compró en 2022 en Cala Tarida, en el municipio de Sant Josep en Ibiza, no solo arrastra gravísimos problemas urbanísticos. Tantos que la nulidad de la licencia es ahora mismo la hipótesis más razonable.
Ahora también es objeto de una investigación judicial por presunta falsedad documental, un giro que ha elevado el caso a una dimensión mucho más delicada al tratarse de un delito y, por lo tanto, de carácter penal.
El origen del escándalo está en un documento: la Licencia de Primera Ocupación (LPO) que, tal como investiga el Seprona de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía de Ibiza, es falsa según exponen los documentos oficiales.
No hay duda de que el documento aportado en la escritura es falso, por la sencilla razón de que la villa carece de este permiso en tanto que no puede disponer del mismo por sus problemas urbanísticos heredados. Este punto ha sido reconocido por el Ayuntamiento de Sant Josep y fue aportado por la letrada del astro argentino a los investigadores.
La cuestión es si la falsificación de este documento es un delito, si lo es, si ha prescrito y quién es el responsable o los responsables de la fechoría.
La historia no es nueva. Sin embargo, no había trascendido hasta ahora. La investigación sobre la falsedad documental consta detalladamente en el informe oficial del servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, y que forma parte del expediente abierto a raíz de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía en 2023. A raíz de la denuncia, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que investigara numerosas operaciones urbanísticas en Sant Josep. En ese informe, se describe con precisión cómo se detectó la falsedad, quiénes la aportaron, y qué consecuencias podrían tener para la compraventa de la finca.
Un documento falso en la operación inmobiliaria
Según los hechos relatados por la Guardia Civil en febrero de 2024, la documentación urbanística de la vivienda nunca estuvo clara.
La sociedad Edificio Rostower SLU, entonces controlada por el entorno de Messi y hoy convertida en una SOCIMI que preside el propio jugador, compró la finca en 2022 por más de 11 millones de euros, confiando en que la casa contaba con licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad. Esa fue, al menos, la convicción con la que se firmó la que a la postre se ha demostrado como una inversión ruinosa.
La sorpresa llegó poco después. Fue entonces cuando la abogada de la parte compradora —representando a la sociedad de Messi— declaró ante los agentes del SEPRONA que, según lo trasladado por la letrada de la parte vendedora, el Consell de Ibiza les había alertado de que la finca no tenía cédula de habitabilidad alguna, ni constaba en sus archivos la licencia de primera ocupación.
Es decir: el documento que justificaba la habitabilidad del inmueble era falso. Este hecho, por sí solo, abriría la puerta a un presunto delito de falsedad documental. Pero hay más.
La LPO falsa, en manos de la Fiscalía
A raíz de esa comunicación, la abogada que figura en representación de Messi entregó voluntariamente al SEPRONA una copia de la Licencia de Primera Ocupación sospechosa.
Junto a ella, aportó una notificación del Ayuntamiento de Sant Josep informando expresamente que esa LPO nunca fue expedida, que no consta en los archivos municipales, y que la finca no tiene certificado de final de obra.
En la documentación entregada se incluye también el acta notarial de declaración de final de obra firmada en 2014, en cuyo protocolo aparece incorporada la licencia falsificada.
El notario fue Javier Cuevas Pereda, y el arquitecto que compareció como redactor del proyecto fue Miguel García Quetglas, en representación de la sociedad promotora InmoDelcal SA. Esa fue la entidad que impulsó la obra original antes de que pasara por manos del empresario suizo Philippe Amon, y finalmente a Messi.
Los investigadores del SEPRONA, tras revisar los documentos, concluyen en su informe que existen indicios suficientes para considerar que se exhibieron documentos falsos —la LPO y el certificado de final de obra— durante la operación de compraventa.
La trama notarial y los protocolos clave
El informe de la Guardia Civil señala dos documentos concretos como piezas centrales del presunto engaño: el protocolo 2.422, que incluiría un certificado de final de obra también presuntamente falso, y el protocolo 2.706, donde aparece insertada la LPO cuestionada.
Ambos fueron otorgados en la notaría de Javier Cuevas Pereda, en Jesús, y habrían sido aportados inicialmente por el arquitecto del proyecto, actuando en nombre de la promotora InmoDelcal.
Aunque las escrituras existen, y los documentos aparecen en ellas, ni el Ayuntamiento ni el Consell tienen constancia de que se hayan emitido oficialmente. La Fiscalía ha solicitado ahora copia compulsada de dichos protocolos.
Según ha podido acreditar La Voz de Ibiza, agentes del Seprona se personaron en la notaria de Jesús para llevarse las escrituras sospechosas.
El hecho de que los documentos falsos estén incorporados a escrituras notariales complica aún más el caso, ya que extiende su validez aparente en el Registro de la Propiedad y el Catastro durante años. Esa es, precisamente, una de las razones por las que el engaño no fue detectado hasta 2024, cuando la administración se vio obligada a contrastar su existencia oficial a raíz de la última escritura de compraventa.
¿Quién sabía qué… y cuándo?
Uno de los elementos más relevantes del caso es el momento en que se descubre la falsedad. Según la declaración de la abogada de la sociedad de Messi, el documento fue aceptado de buena fe, con base en la nota simple registral, y bajo la presunción de legalidad.
La parte vendedora, sin embargo, aportó una LPO que no era auténtica. Es decir, si la falsedad ya existía en 2014, se habría arrastrado durante años, afectando tanto al empresario suizo como al propio futbolista.
El Consell de Ibiza y la alerta clave
El aviso oficial que destapó el caso llegó desde el Consell de Ibiza, cuando se pidió un duplicado de la cédula de habitabilidad aportada en la escritura de compra venta. Fue en ese momento cuando la administración insular advirtió a la letrada de la parte vendedora que no constaba ningún expediente de cédula asociado a la finca.
Esa llamada, tal como fue relatada después por la abogada de la parte compradora, disparó todas las alarmas. «Pasados unos meses, la representante de la parte vendedora atendió una llamada comunicándole que había recibido una llamada del Consell de Ibiza advirtiéndole que no existía Cédula de Habitabilidad», aclara la letrada de Messi.
A partir de ahí, se inicia un proceso de verificación de los documentos. La conclusión es contundente: ni el certificado de final de obra ni la licencia de primera ocupación son auténticos. Ambas figuran como incorporadas a escrituras notariales pero, según el Ayuntamiento y el Consell, no existen en los registros oficiales.
La treta en la escritura de Messi
A sabiendas o no, la escritura de compra venta por la que Messi consagró una inversión ruinosa refleja la treta con la que se formalizó la operación. Y es que la parte vendedora aseguró que la vivienda «reúne las condiciones de habitabilidad exigibles de conformidad con la legislación aplicable», lo que, a la vista de lo que se conoce a día de hoy, es falso.
«No obstante, -continua textualmente la escritura- ante la imposibilidad de disponer en este momento de la cédula de habitabilidad, que según manifiesta le fue concedida en su día pero han extraviado, me exhibe solicitud dirigida al Ayuntamiento de San Josep de Sa Talaia en fecha 26 de enero de 2022, por la que se solicita que realice una consulta al Archivo Municipal sobre el expediente de la vivienda con número de licencia de obras 00190/2014 y licencia de primera ocupación con número de expediente 276164, para conocer el número del certificado municipal de final de obras y de la cédula municipal de habitabilidad, y si procede, emitir una copia de éstos. La parte vendedora se obliga a remitir a la parte compradora la documentación que se reciba con ocasión de la solicitud efectuada, tan pronto disponga de ella».
De ese compromiso adquirido ante el fedatario público emana la solicitud al Consell.
Es un misterio saber si el documento que fue confeccionado por el primer propietario con el objetivo de aparentar una legalidad de la que carecía obra en poder del Ayuntamiento de Sant Josep, ya que, como ha desvelado en exclusiva La Voz de Ibiza, el expediente de dicha vivienda ha desaparecido de los archivos municipales. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir al archivo del Colegio de Arquitectos para que le facilitaran copia de los planos originales con los que se tramitaron las licencias.
Una investigación en curso
El caso está ahora en manos de la Fiscalía del Área de Ibiza, que deberá determinar si hay base suficiente para presentar una denuncia formal por falsedad documental.
También se ha requerido al Registro de la Propiedad N.º 2 de Ibiza que aporte el historial registral completo de la finca, y se ha solicitado una copia compulsada de los protocolos notariales donde constan los documentos bajo sospecha.
Mientras tanto, los agentes del SEPRONA han dejado constancia de que el proyecto de legalización presentado por la propiedad en 2023 sigue sin respuesta definitiva por parte de los servicios técnicos municipales. Pero el foco ha dejado de estar solo en el urbanismo.
¿Cómo afecta esto a Messi?
El futbolista argentino, al menos según la documentación recopilada hasta ahora, no habría participado ni conocido la falsificación en origen. Pero es el actual propietario de la vivienda.
Y es su sociedad, Edificio Rostower, la que figura como titular de una finca comprada con documentación falsa. Aunque la falsificación fuera previa a su intervención, los efectos jurídicos le salpican.
El escenario que se abre ahora es incómodo para su equipo legal. La posible nulidad de la compraventa, la eventual apertura de una causa penal, y la imposibilidad de regularizar la vivienda en los términos actuales configuran un panorama de enorme complejidad.
El otro frente: la ilegalización urbanística
La investigación por falsedad documental no borra el otro gran problema de la finca: su imposibilidad de ser legalizada por no cumplir con la superficie mínima exigida por el planeamiento. Esa situación fue detallada en las entregas anteriores de este serial, y sigue siendo uno de los principales obstáculos jurídicos del caso.
Ahora, con una falsedad documental confirmada por la propia administración, la operación inmobiliaria de Messi entra en una nueva fase: la del escrutinio penal.
El acta de inspección lo deja claro: la Guardia Civil considera que hay indicios suficientes de delito y, por lo tanto, para investigar el caso.
Y mientras tanto, la finca permanece en una situación de completa irregularidad, sin cédula, sin final de obra, y con la sombra de la falsificación sobrevolando la transacción.