El Parlament Balear ha aprobado la suspensión de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y de licencias de autotaxi hasta que se apruebe el decreto por el cual se establecerán los «criterios objetivos» que definen el otorgamiento de las mismas. Esto tiene influencia directa en el aluvión de licencias que habían anunciado los ayuntamientos y presupuestado antes de la moratoria de un año.
El texto que aún no ha entrado en vigor establece que «se suspende el otorgamiento de autorizaciones ordinarias de arrendamiento de vehículos con conductor hasta la aprobación, en el plazo máximo de un año, del decreto del Gobierno de las Islas Baleares por el cual se tienen que establecer, por imperativo del artículo 99.5 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, los criterios objetivos que condicionan su otorgamiento».
Estos «criterios objetivos» están «basados en criterios medioambientales sobre la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones de CO₂, así como la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público. Estos criterios tienen que distinguir las condiciones que se dan en temporada estival y en el resto del año, para poder establecer las autorizaciones necesarias, tanto ordinarias como temporales».
También afecta a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor de esta ley, así como a las pendientes de otorgamiento a la entrada en vigor del Real decreto ley 5/2023, de 28 de junio. De esta manera, no solo no se puede solicitar autorización para el arrendamiento de vehículos, sino también que las 10.000 solicitudes de VTC también se encuentran suspendidas.
Los últimos dos puntos de esta modificación establecen la suspensión del otorgamiento de licencias ordinarias de autotaxi hasta la aprobación del decreto mencionado en el primer punto y que la suspensión no afecta a las autorizaciones insulares temporales, tanto de autotaxi como de arrendamiento de vehículos con conductor.
Debilitan a los municipios
Los grandes perjudicados en esta resolución del Parlament son los ayuntamientos ibicencos, que por cada nueva autorización tienen un ingreso estimado mínimo de 100.000 euros para el municipio. Al suspenderse, todo ese dinero presupuestado no entrará en las arcas públicas. En términos reales, representa cerca de cinco millones de euros de ingresos para los ayuntamientos en función del número de licencias otorgadas y del precio del título habilitante.
Antecedentes
La ley ha sido más rigurosa que los trámites previos, ya que quedaban exoneradas de la moratoria las licencias cuya tramitación hubiera empezado, sin especificar qué trámite era el mínimo para sortear la moratoria.
Ni el borrador del decreto en el que estaba trabajando el Govern ni las enmiendas pactadas entre PP y Vox preveían paralizar toda concesión durante un año.
