Contrato único, 0% IVA para VPO y VPL, mediación obligatoria y límites al alquiler temporal. Esta es la hoja de ruta que tiene sobre la mesa la Conselleria de Viviendas del Govern ante la crisis de la vivienda que atraviesan las islas, particularmente Ibiza.
La propuesta ha sido presentada por el promotor y experto en derecho inmobiliario Germán Rocha Bentancur, CEO de Grup Amb Tu de Mallorca, especialista en desarrollos en el sector inmobiliario, construcción y promoción. “Ha pasado de ser un problema ideológico: es un problema estructural”, advierte.
“Nuestro plan lo que quiere es sacar los beneficios principales de incrementar significativamente la vivienda asequible, tener más estabilidad en los contratos de alquiler y proteger tanto al inquilino como al propietario de abusos de ambas partes”, detalla.
Rocha, ingeniero en diseño industrial con formación especializada en Derecho Urbanístico y Derecho Inmobiliario, sostiene que el sistema actual ha derivado en una “guerra entre inquilino y propietario” y en un modelo incapaz de garantizar estabilidad residencial. Su plan se apoya en tres grandes pilares: supervisión real del mercado, agilidad administrativa y estímulo a la vivienda asequible.
El empresario enmarca la propuesta en un contexto de salida creciente de residentes hacia la península. “Somos la generación más estafada de la historia”, afirma, en referencia a los menores de 45 años que no pueden acceder ni a compra ni a alquiler.
“A nosotros nos han vendido que estudiáramos para vivir mejor que nuestros padres. Nuestra generación, los menores de 45, de 40 años para abajo, es la más estafada de la historia y no podemos comprar una vivienda y apenas podemos alquilar”, dijo.
En tal sentido, advierte que “la mayoría de nuestra generación son profesionales. Y hemos visto el gran éxodo de aquí, de mi grupo de amigos cuando era adolescente, no hay casi ninguno, se han ido todos: los médicos, los ingenieros, los arquitectos, están todos en el resto de Europa porque les pagan más y pueden al menos poder alquilar una vivienda y tener un poco de ahorro”.
Esta situación repercute en la falta de mano de obra y en la pérdida de cohesión social. “Ya es insostenible el sistema que tenemos”, dice y afirma que “aquí ya están los números de que hay un 15% más al año de mudanzas hacia la península”.
Por eso, reclama reducir “el fraude del alquiler turístico y del temporal y agilidad administrativa mediante licencias centralizadas para las VPO y VPL, que se dan de forma dispersa y que lo que hace es atrasar el tema de poder construir rápidamente”.
Contrato único y registro centralizado
Una de las propuestas centrales es la creación de un contrato único autonómico de alquiler, acompañado de un registro único obligatorio.
“El contrato único garantizaría muchísima seguridad jurídica sin tener que invertir ni un euro de más en el IBAVI”, afirma Rocha, quien defiende que no se trata de controlar precios, sino de “marcar reglas claras del juego”.
El objetivo es frenar la proliferación de contratos temporales encadenados —de dos, cuatro o seis meses— que obligan a los residentes a mudarse continuamente y que, según denuncia, impiden a las familias “crear hogar y estabilidad”.
“Lo que presentamos es un contrato único de alquiler con unos objetivos estratégicos que es limitar los litigios, los problemas entre inquilinos, terminar esa guerra de caseros e inquilinos”, ha detallado en diálogo con La Voz de Ibiza.
Además, este registro único y el contrato único de alquiler dará “mayor transparencia -según manifiesta-. Es una medida que se puede aplicar y que no va a perjudicar a nadie, sino que va a favorecer en que haya un control y haya una supervisión real de lo que está sucediendo en el mercado del alquiler”.
Afirma también que “si no tenemos viviendas de larga duración, ¿cómo vamos a seguir dando plazas turísticas? ¿Y cómo vamos a seguir permitiendo que todas las viviendas del mercado de larga duración ahora, porque sienten un poco de inseguridad jurídica, se pasen al mercado temporal y que te alquilen una vivienda a dos, cuatro, seis, ocho o diez meses y te tengas que ir y estar moviéndote continuamente? Nuestra generación no puede crear familia si no estamos en un lugar, en un hogar, si no tenemos un lugar estable. No podemos crear familia así”, sostiene.
Oficina de mediación en el IBAVI
El plan incluye la creación de una oficina de mediación dentro del IBAVI para evitar que los conflictos entre propietarios e inquilinos terminen en procesos judiciales que pueden prolongarse durante años.
“Si un inquilino no puede pagar durante tres meses, en vez de meter un procedimiento judicial que se alarga dos años, se le deriva a una vivienda transitoria durante seis meses para que vuelva al mercado”, explica.
Con ello se busca reducir litigios y aliviar la carga en los juzgados, al tiempo que se protege tanto al arrendador como al arrendatario.
También propòne un “sistema de denuncias anónimas para los alquileres turísticos ilegales y para los alquileres de habitaciones donde se han partido los salones, donde hay pisos que superan ampliamente la cantidad de habitantes que puede haber dentro de una vivienda. Existe la cédula de habitabilidad que determina una cantidad de plazas por vivienda y, en estos casos, en Ibiza ya se lo han pasado por cualquier sitio”.
Límite al alquiler temporal
Rocha plantea además limitar el alquiler temporal a un cupo anual.
Según su diagnóstico, la inseguridad jurídica ha provocado que muchas viviendas del mercado de larga duración se trasladen al alquiler temporal, reduciendo la oferta estable.
El plan propone supervisión real del alquiler turístico ilegal, denuncias anónimas e inspectores incentivados económicamente para detectar infracciones urbanísticas como la partición ilegal de salones para multiplicar habitaciones.
IVA a 0%
Entre las propuestas fiscales planteadas figura la aplicación de un IVA del 0% a los materiales destinados a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
Según sus estimaciones, esta reducción permitiría abaratar el precio final entre un 10% y un 12%, de modo que el comprador percibiría una rebaja real en el coste de acceso a este tipo de vivienda.
“Sería un impulso económico en la construcción reducir el coste del IVA de la obra que son destinados los materiales a VPO o VPL, que sean a coste cero, igual que la mano de obra”, propone.
“Necesitamos 500 viviendas por año durante los próximos diez o quince años para mantener la estructura de Baleares”, concluye.
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