El Pleno del Consell Insular de Ibiza ha aprobado una propuesta que insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a «reforzar la colaboración institucional y a permitir el acceso a los datos necesarios para aplicar de forma efectiva la Ley 5/2024, de control de la afluencia de vehículos».
Esta normativa, en vigor desde este verano, establece límites a la entrada de vehículos en la isla durante la temporada alta con el objetivo de preservar la sostenibilidad turística. En ese marco, pueden circular diariamente 20.168 vehículos: 4.108 de turistas llegados en barco y otros 16.000 habilitados para las empresas de rent a car. En el caso de los particulares, los datos de la DGT son clave para imponer sanciones.
Según el acuerdo adoptado a partir de la propuesta del PP, el Consell solicita que se activen los mecanismos legales y técnicos necesarios para obtener los datos de identificación y matrícula de los vehículos que acceden a la isla sin la debida autorización.
Esta información resulta clave para poder tramitar sanciones, algo que, a día de hoy, no es posible debido a la negativa de la DGT a facilitar el acceso a su base de datos, lo que ha sido calificado por el presidente insular Vicent Marí como un “boicot directo a la ley”.
¿Cuál es el obstáculo actual?
Desde el Consell han explicado que los expedientes sancionadores no pueden iniciarse sin la base de datos de matrículas. Por ello, desde la institución insular se insiste en la necesidad de firmar un convenio con la DGT, similar al que ya tienen los ayuntamientos, para poder cruzar matrículas en tiempo real y hacer efectiva la aplicación de la Ley 5/2024.
Hasta entonces, el control a los vehículos particulares queda en suspenso. Sin embargo, esto no significa que los vehículos que incumplan la ley actualmente no vayan a ser sancionados, ha enfatizado el Consell. Según ha señalado el director insular de Transporte, Roberto Algaba, las infracciones recién prescribirán a los dos años.
Movilidad interior del aeropuerto: el Consell apunta a AENA
En otra resolución adoptada en el mismo pleno, el Consell instó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a solicitar a AENA que, en el aeropuerto de Ibiza, «se priorice el interés general de la ciudadanía por encima del objetivo de maximizar ingresos mediante el alquiler de plazas de aparcamiento».
El Pleno del Consell argumenta que los problemas de movilidad interior en las instalaciones aeroportuarias ya existían antes de la aplicación de la Ley 5/2024 y que no pueden usarse como excusa para obstaculizar su cumplimiento, especialmente en lo relativo a los controles de entrada de vehículos.
Plan de movilidad sostenible para 2025
Otra propuesta aprobada en el pleno, en este caso del Grupo Mixto, exige al Ejecutivo desarrollar a lo largo de 2025 el Plan de Acción para la Movilidad Sostenible, tal y como recoge la propia Ley 5/2024.
Este plan debe incluir medidas concretas de gestión del tráfico, promoción del transporte público y reducción de la presión del vehículo privado, elementos claves para alcanzar los objetivos de sostenibilidad definidos en la norma.
Con esta iniciativa, se busca evitar que la ley se quede en un marco normativo vacío y se presiona para que se adopten políticas tangibles que transformen el modelo de movilidad en la isla.
Creación urgente del Consorcio de Movilidad Sostenible
En la misma línea, el Consell ha instado a la creación inmediata del Consorcio Insular de Movilidad Sostenible de Ibiza, también previsto por la ley. Este órgano deberá coordinar a las administraciones locales y autonómicas en la implementación de las medidas previstas, garantizando una gestión integrada de la circulación, el transporte público y la aplicación de sanciones.
Desde la institución insular advierten que el calendario marcado por la Ley 5/2024 no permite más demoras, y que cumplir los plazos requiere que el Consorcio esté operativo cuanto antes.
