La campaña “Libertad para María” ha comenzado a ganar visibilidad en redes sociales mientras se reactiva el debate judicial en torno a un caso de presunto abuso sexual infantil, una huida para proteger a un menor y una causa por secuestro parental que sigue abierta.
El movimiento, impulsado desde la cuenta de Instagram @libertadpara_maria, coincide con la condena al tatuador Edgardo Milessi por delitos sexuales cometidos en Ibiza y con una nueva petición para archivar el procedimiento contra la madre del menor, hijo del condenado.
La iniciativa pone el foco en la situación de María, expareja del tatuador condenado, que permanece fuera de España junto a su hijo Bruno mientras pesa sobre ella una orden internacional de búsqueda y captura.
La campaña sostiene que la mujer actuó para proteger al menor tras denunciar un presunto abuso sexual que fue archivado en 48 horas, sin investigación, según los textos difundidos por sus impulsores.
«Queremos que recupere su vida»
“Lleva diez años de vivir oculta, queremos que recupere su libertad, su vida. Está hace años sin poder ir al médico. Vive completamente oculta, como si fuera una delincuente”, dice su hermana, desde Argentina, de donde ambas son oriundas, a La Voz de Ibiza.
Cuenta que durante la última década, hasta hace pocos meses, cuando se conoció la condena de Milessi y comenzó la campaña para pedir que se retire la orden de captura europea sobre María, casi no tuvo contacto con su hermana. Sin embargo, nunca dudó de que si María escapó con su hijo, fue para protegerlo.
“Si ella actuó como actuó fue porque realmente sucedió algo. Cuando me enteré de esto fue como una bomba, porque había estado diez años en pareja con esta persona y tenía una vida armada, trabajando las temporadas en Ibiza. ‘Acá pasa algo’, pensé. Y después bueno, empecé a ver que realmente esta persona, el padre Bruno, era un tipo raro”, señala.
Por ejemplo, Celeste cuenta que tenía una hija de unos dos años y la pareja de su hermana, el padre de Bruno, le decía: “Tratá de que no me abrace, de que no se me acerque”.
Según Celeste, aún mantienen “un contacto bastante limitado con María”. Persiste el miedo a que puedan descubrir su paradero y capturarla. Sin embargo, se ilusiona con la que la campaña en redes siga creciendo y ayude a abrir puertas judiciales. “Ahora queremos que esta campaña se viralice. Ibiza es chica, queremos que esta situación llegue a la persona en la isla que pueda agilizar el proceso para que le quiten la orden europea de captura. Porque hoy está como si fuera una delincuente, sin libertad”.
Una campaña que se expande en Instagram
El relato que acompaña la campaña en redes sociales sostiene que María denunció en 2015 a su entonces pareja por abusar sexualmente de su hijo, cuando el menor tenía tres años. Según el texto difundido, la denuncia fue archivada en menos de dos días y se mantuvo la custodia compartida, una decisión que, siempre según la campaña, empujó a la mujer a abandonar Ibiza y desaparecer durante los siguientes años.
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, el padre del menor fue posteriormente condenado por abusos sexuales a una menor de 15 años y a una joven de 21. El escrito vincula ese hecho con el temor expresado por la madre y reclama que “la justicia reconozca que se equivocó y haga lo correcto”.
El mensaje concluye con un llamamiento explícito: “Libertad para María y su hijo Bruno”, acompañado de la invitación a firmar una petición alojada en una plataforma digital.
La petición en Change.org
La campaña en redes se apoya en una petición difundida en Change.org que solicita formalmente el archivo del caso de secuestro parental abierto contra María. El texto está firmado por una persona que se identifica como la hermana de la mujer y relata los hechos desde 2015 hasta la actualidad.
“La pesadilla comenzó en 2015, cuando María denunció a su exmarido por abusar sexualmente de su hijo, Bruno”, recoge el escrito, que denuncia que la causa fue archivada “sin ninguna investigación” y que se permitió la custodia compartida.
El documento subraya que Edgardo Milessi ha sido condenado en 2024 y 2025 por abuso sexual a dos clientas británicas, una de ellas menor de edad, lo que, según la petición, “valida el temor” de la madre.
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La expareja del tatuador condenado en Ibiza pide archivar la causa y reclama protección para su hijo
En ese contexto, los firmantes reclaman “la anulación de la denuncia de secuestro parental” y sostienen que “ella no secuestró a Bruno”, sino que actuó para protegerlo.
El procedimiento judicial abierto en Ibiza
La causa judicial sigue activa en Ibiza, donde el abogado de la expareja del tatuador presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 solicitando el sobreseimiento del procedimiento. La mujer, según consta en ese escrito, se encuentra refugiada en otro país junto a su hijo y pesa sobre ella una orden de búsqueda y captura internacional tras abandonar la isla.
El letrado recordó que la denuncia por presunto abuso sexual al menor fue archivada en 48 horas, sin exploración del niño ni investigación efectiva, pese a que se aportaron informes médicos que apuntaban a posibles indicios.
Además, solicitó que, si la causa continúa, se permita a su defendida declarar por videoconferencia, preservando su localización, y anunció su puesta a disposición voluntaria de la Justicia española para recuperar su libertad de movimientos y la de su hijo.
La condena al tatuador en Ibiza
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares condenó a Edgardo Milessi a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una clienta mientras le realizaba un tatuaje en Ibiza en junio de 2022. La sentencia incluye además una orden de alejamiento y el pago de 15.000 euros por daño moral.
Los magistrados consideraron acreditado que el acusado introdujo los dedos en la vagina de la víctima de forma inconsentida durante la sesión, aprovechando la posición en la que se encontraba. La resolución destaca la “intensa angustia y temor” sufridos por la joven.
El tribunal también tuvo en cuenta una sentencia firme de 2024 por abuso sexual cometido en el mismo local contra una menor de edad, aportada por el Ministerio Fiscal como corroboración del patrón de conducta.
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