El conflicto salarial de los docentes de la enseñanza concertada encara su resolución. Este viernes, el secretario general de FSIE Baleares, Antoni Sacarés, ha ratificado en la Mesa de la Concertada el acuerdo para recuperar el 2,9% de incremento salarial que quedó congelado en 2020 y 2021. La decisión llega después de que el sindicato realizara una consulta exprés entre sus afiliados, que respaldaron mayoritariamente la firma del pacto.
El STEI, junto al resto de organizaciones sindicales, también se ha sumado al principio de acuerdo tras la reunión de esta mañana. El Govern abonará los aproximadamente 15 millones de euros en dos fases: un primer pago del 50% en abril de 2026 y el restante en marzo de 2027, siempre condicionado a la disponibilidad presupuestaria. Educación recuerda que los salarios ya quedaron actualizados en enero de este año, por lo que este pacto no supone una subida nueva, sino la devolución de lo congelado.
Pese a aceptar el acuerdo, FSIE y STEI han mostrado su malestar por el trato recibido. Ambos sindicatos denuncian que los docentes de la concertada están siendo considerados como “profesorado de segunda”, ya que sus homólogos de la pública sí recibirán todos los atrasos en 2026, un calendario más favorable. Por ello, han pedido al Govern que, si finalmente se adelantan los pagos a los funcionarios, lo mismo se aplique automáticamente a la concertada.
Durante la negociación, FSIE también ha reclamado que las mesas salariales se actualicen al mismo tiempo que en la pública, incluyendo el abono retroactivo del 2,5% acordado para 2025 por el Gobierno central. El secretario general de la Conselleria, Bartomeu Riera, se ha comprometido a aplicar las subidas del 2025 (2,5%) y 2026 (1,5%) a los docentes de la concertada de manera simultánea a los funcionarios.
Finalmente, la Conselleria ha convocado para el 4 de diciembre la Comisión de seguimiento del Acuerdo Marco de la Concertada 2023-2027, donde se revisarán los compromisos pendientes. Los sindicatos celebran este avance, pero insisten: el pacto llega con “reticencias” y no soluciona la desigualdad existente entre la enseñanza pública y la concertada.
