Los vecinos de Illa Plana han hecho público un comunicado, a través de Alberto Sánchez-Runde Sánchez, en el que denuncian que el proyecto de traslado del Lío Ibiza al Hotel El Corso carece de encaje legal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibiza y anuncian una ofensiva legal y administrativa contra las licencias concedidas por el Ayuntamiento.
Según exponen los residentes, el artículo 47.5.4 del PGOU prohíbe expresamente la instalación de nuevas discotecas o establecimientos similares en todo el término municipal. La comunidad vecinal sostiene que la actividad que plantea el Lío —una sala de entretenimiento nocturno abierta al público general— encaja en esa prohibición y que, por tanto, la licencia solicitada por la empresa promotora se ha tramitado «en fraude de ley», al ampararse en un antiguo permiso de actividad complementaria del hotel que solo cubría servicios para huéspedes alojados.
Los vecinos también cuestionan la rapidez con la que el Ayuntamiento ha concedido las licencias «sin que se hayan detectado los aspectos normativos y legales» que, a su juicio, invalidan el proyecto. Denuncian además que las obras han comenzado antes de contar con el permiso correspondiente, lo que ya ha generado malestar en el barrio.
Un barrio «condenado al colapso»
Más allá de la cuestión jurídica, la comunidad de Illa Plana alerta de que el macroproyecto —que incluye, además del traslado del Lío, la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con apartamentos— resulta inasumible para un barrio que, por su morfología de calles estrechas y un único acceso, ya sufre graves problemas de tráfico y aparcamiento cada vez que un crucero atraca en el puerto. Sumar el movimiento y el ruido de una sala de fiestas nocturna, advierten, supondría «condenar al barrio al colapso total».
Tres vías de acción
Los vecinos han anunciado un plan de acción en tres fases. En primer lugar, solicitar una reunión urgente con el alcalde y los responsables de Urbanismo para exigir transparencia sobre las licencias y el cese de las obras. En segundo lugar, presentar un recurso formal para exigir al Ayuntamiento la revisión de oficio de los permisos concedidos. Y, si se agota la vía administrativa sin rectificación municipal, acudir a instancias judiciales superiores.
La comunidad vecinal asegura que lleva preparando esta ofensiva desde febrero, cuando se conoció la venta del Hotel El Corso a un fondo de inversión y la previsión de instalar el Lío en el inmueble. Los residentes afirman defender el diálogo como herramienta para resolver el conflicto, pero se declaran «movilizados para defender sus derechos exigiendo el respeto de la legalidad vigente».
