El Ayuntamiento de Sant Josep ha confirmado que, durante la temporada estival, se han realizado 67 controles de sonido en establecimientos del municipio, de los cuales 43 han derivado en denuncias por carecer de limitador acústico o tenerlo manipulado, según los datos actualizados esta semana por fuentes municipales.
Estas actuaciones se enmarcan en la campaña de control del ruido y la contaminación acústica, impulsada por la Policía Local y los técnicos municipales, y que ha supuesto también el precinto de equipos musicales en numerosos locales por incumplir la Ordenanza Reguladora del Ruido y las Vibraciones actualmente en vigor.
El balance municipal refleja un refuerzo de las inspecciones, que se han concentrado en restaurantes, locales de playa y hoteles con quejas vecinales o denuncias previas. En los casos más graves, los agentes procedieron al precinto inmediato de los sistemas de sonido o a la suspensión temporal de la actividad musical, de acuerdo con el régimen sancionador previsto.
La normativa vigente establece la obligación de instalar limitadores registradores homologados, mantener estudios acústicos actualizados y respetar los niveles máximos de decibelios permitidos, además de controlar los horarios de ambientación musical en vivo.
Una escalada de sanciones
La primera fase de la campaña, adelantada por La Voz de Ibiza en julio, había arrojado 24 precintos en establecimientos tan conocidos como Cala Bassa Beach Club, Nassau, Hard Rock Café, The Unexpected, Beso Beach y Cotton Beach Club.
Posteriormente, el Ayuntamiento actualizó la cifra a 36 equipos precintados en septiembre. Con los nuevos datos, el balance total de actuaciones asciende a 43 infracciones detectadas, lo que confirma la línea de control estricto defendida por el Consistorio.
“Si quisiera flexibilizar la normativa de ruido no habría hecho tantos precintos este verano. Y en lugares muy conocidos”, declaró recientemente el alcalde Vicent Roig.
Desde el Ayuntamiento insisten en que no existe persecución alguna contra la actividad musical, sino “cumplimiento estricto de la ley”. Fuentes municipales recalcan que el objetivo es garantizar la convivencia vecinal y “hacer compatible la oferta turística con el derecho al descanso de los residentes”.
Las sanciones económicas varían según la gravedad de la infracción e incluyen multas y clausuras temporales, además del precinto del equipo de sonido en los casos más graves.
Una nueva ordenanza en camino
En paralelo, el Consistorio trabaja en la redacción de una nueva ordenanza del ruido, apoyada en un mapa acústico que clasificará las zonas según su nivel real de exposición sonora y no únicamente por su uso urbanístico.
El objetivo, según el Ayuntamiento, es “conciliar la actividad musical con la convivencia vecinal” y adaptar la norma a los estándares técnicos actuales.
Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista ha mostrado su rechazo a lo que considera una “claudicación inadmisible ante las presiones del lobby del ocio musical”, en palabras de su portavoz, Pilar Ribas, quien aseguró que el cambio “prioriza los intereses económicos de unos pocos frente al derecho al descanso de la ciudadanía”.
El PSOE ha anunciado que presentará alegaciones durante el periodo de exposición pública del nuevo texto y reclama que se mantengan criterios estrictos y transparencia total en el proceso de elaboración del mapa de ruido.
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