Durante más de un curso, él fue el blanco. El niño que no encajaba, que no sabía defenderse con palabras, que callaba mientras en el patio del instituto le llovían puñetazos, empujones y frases que marcarían su adolescencia: “Snorlax”, “balón de playa”, “eres un aborto”, “me das asco”.
Así lo recoge la sentencia a la que ha accedido La Voz de Ibiza y en la que se obliga al Govern a indemnizar con 20.000 euros a la familia por daños -físicos, psicológicos y morales- y perjuicios, a raíz del acoso sistemático producido en los cursos 2017/2018 y 2018/2019. El texto también señala que el centro, el IES Isidoro Macabich de Ibiza, solo tomó medidas reactivas y ocasionales, falló en la prevención y en la aplicación del protocolo.
El acoso, prolongado en el tiempo
Era 2017. En el patio del IES de Ibiza, durante el recreo, un golpe en la cara le abrió el labio. Sangró solo, sin protestar. El centro avisó a sus padres dos horas después. Días más tarde, la Dra. que le atendió recomendó tratamiento psicológico. Los síntomas: estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima. y pensamientos recurrentes sobre la muerte.
A medida que pasaban los meses, las agresiones continuaron. Otro alumno —mayor, con más fuerza y con necesidades especiales de apoyo educativo— le insultaba a diario. Aquel día de mayo, los golpes llegaron a la parada del autobús. La dirección del centro sabía que iba a ocurrir. Un grupo de alumnos lo había advertido. El jefe de estudios acudió, pero no actuó. La agresión fue grabada en vídeo y distribuida entre los compañeros. Algunos padres conocieron el caso por WhatsApp.
El adolescente volvió al médico al día siguiente. Había recibido golpes en el tronco, en la cara, en los brazos y en las piernas. Le salvó un compañero. Y la monitora. No el IES.
La defensa del centro
La dirección justificó su inacción. Llegaron incluso a decir que él también era agresor. La sentencia es clara: “Nunca es lo mismo agredir que defenderse”. Sus reacciones fueron respuesta al dolor y al aislamiento, no actos de violencia gratuita.
Desde el principio, el IES sabía que el alumno tenía dificultades de integración y no le ofreció ni un plan de acogida ni apoyo adecuado, señala la sentencia. Cuando finalmente activaron el Protocolo de Acoso Escolar —más de un año después— lo hicieron mal, tarde, y sin seguir los pasos exigidos. Nunca entrevistaron a la familia.
A su vez, la sentencia critica que vigilaban al chico víctima de acoso. Le prohibieron estar con sus amigos, lo marcaron como caso. El castigo lo cargó él, no sus agresores.
El Govern no activó medidas efectivas ni realizó un seguimiento real de las denuncias y advertencias recibidas, y se escudó en la autonomía del centro para justificar su falta de intervención. El tribunal considera esta actitud una omisión grave de sus obligaciones legales de protección, que contribuyó a prolongar el sufrimiento del menor.
La condena
En 2019, la familia solicitó el cambio de centro por “circunstancias excepcionales”. La Justicia acaba de darles la razón: el Govern Balear ha sido condenado por omisión y por negligencia institucional. El fallo reconoce los daños físicos, psicológicos y morales sufridos por el menor, y la ineficaz intervención del instituto.
La historia no se borra con una sentencia, pero al menos deja constancia de que lo que pasó fue real, grave y evitable. Que durante meses, un adolescente caminó por los pasillos de un centro educativo con miedo, con vergüenza, con dolor. Que gritó en silencio. Y que nadie parece haberlo escuchado.
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