La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha remitido este lunes una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que pide que se paralice el traslado de 49 menores migrantes no acompañados desde Canarias a Baleares. La solicitud se produce a menos de 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe un nuevo Real Decreto que fijará la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma.
Según Fernández, los consells insulares atienden actualmente a 682 menores migrantes, lo que supone una sobrecarga del 1.000 % sobre la capacidad prevista. “Esta situación ha tensionado al límite nuestro sistema, obligándonos a multiplicar recursos humanos, económicos y residenciales”, señaló en su escrito.
Un decreto clave que llega con polémica
El Real Decreto que aprobará mañana el Gobierno establecerá por primera vez la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía. Esta normativa permitirá que, en caso de sobresaturación, territorios como Canarias, Ceuta o Melilla puedan solicitar la aplicación de la “contingencia migratoria extraordinaria” y derivar menores hacia otras comunidades.
El Ejecutivo central calcula que para aliviar la presión en esos territorios es necesario que las comunidades reciban hasta 3.975 menores migrantes en el próximo año. Baleares sería la que menos recibiría, con 49 menores, frente a los más de 600 de Andalucía o Madrid.
La ministra Sira Rego ha defendido que el reparto se hará de forma “equilibrada y coordinada” y ha recordado que el Estado sufragará los gastos de acogida durante, al menos, los tres primeros meses, además de repartir 100 millones de euros entre las comunidades.
Choque entre Govern y Ministerio
El Govern balear mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con el Ministerio de Juventud e Infancia sobre este reparto. En julio, la conferencia sectorial convocada para abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería quedó bloqueada por el plantón de las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Baleares.
El Ejecutivo balear sostiene que el sistema insular ya se encuentra “desbordado” y que las llegadas de menores migrantes a las costas del archipiélago son permanentes, por lo que la asignación de 49 nuevos casos procedentes de Canarias resulta “inasumible”.
Fernández criticó la “decisión unilateral” del Gobierno y advirtió de que, sin una financiación estable y suficiente, “se compromete seriamente la viabilidad del sistema de protección de menores y se ponen en riesgo otros servicios sociales esenciales”.
Vía judicial contra el reparto
La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció la semana pasada que presentará dos nuevos recursos judiciales ante el Tribunal Supremo, que se suman al que ya interpuso en marzo ante el Tribunal Constitucional.
Uno de los recursos se dirigirá contra el decreto de julio que regula las derivaciones en casos de contingencia migratoria y el otro, contra el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros. La Abogacía de Baleares solicitará la suspensión cautelar de la aplicación de este último para evitar la llegada de los 49 menores.
Desde el Ejecutivo autonómico precisaron que el objetivo no es bloquear el reparto en otras comunidades, sino únicamente impedir que Baleares reciba más menores mientras no se refuercen los recursos.
“Solidaridad, pero con límites”
En su carta, Fernández insistió en que Baleares quiere seguir siendo una comunidad solidaria, pero “no a costa de poner en riesgo el interés superior de los menores que ya atendemos ni de desbordar un sistema que ha alcanzado su límite”.
El Govern balear defiende que la saturación actual exige un replanteamiento inmediato del reparto y reitera su disposición a agotar todas las vías legales.
Contexto en Ibiza y Formentera
El debate cobra especial relevancia en Ibiza y Formentera, donde los servicios sociales ya han advertido de que la saturación podría llevar a una situación límite. Como publicó La Voz de Ibiza, Formentera se encuentra al borde del colapso en la atención a menores migrantes debido a su limitada capacidad residencial y a la presión que suponen los traslados insulares.
Financiación: los 100 millones en disputa
El Ministerio recuerda que los 100 millones de euros que se repartirán entre las autonomías pretenden compensar el esfuerzo de las comunidades más saturadas, entre ellas Baleares, y cubrir el coste de los traslados. Sin embargo, desde Palma insisten en que la financiación no es suficiente para garantizar un sistema sostenible.
La consellera Fernández recalcó que el Govern no renuncia a la solidaridad interterritorial, pero reclamó una distribución más transparente y ajustada a la realidad de cada comunidad.
Sigue leyendo:
-
Ibiza en alerta por una nueva oleada: entre 400 y 500 ‘menas’ esperan en Argelia para embarcar en pateras
-
La cara B del abandono de Pedro Sánchez: ‘menas’ en un adosado con piscina en una zona de lujo de Ibiza
-
Guerra de propietarios por el centro de acogida para ‘menas’ en Illa Plana: la surrealista historia de la piscina «desconectada»
-
La propietaria del adosado para ‘menas’ advierte a la Fundación: «La capacidad máxima es de siete personas en total»
-
El Consell de Ibiza justifica la instalación de centros de ‘menas’ en apartamentos residenciales: “Estamos en un 337,5 % por encima de ocupación”
-
‘Menas’ en Ibiza. “A cuerpo de rey, no me extraña que el efecto de llamada se produzca masivamente”
