Las denuncias por okupaciones encabezan el ranking de causas en los juzgados de Ibiza. Sin embargo, por la falta de recursos, los tiempos de los procedimientos no van a la velocidad de la urgencia de los propietarios, mientras que las normativas están hechas a la medida de los okupas.
Así lo ha explicado el juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, en una entrevista con La Voz de Ibiza. En tal sentido, dio el ejemplo de los inmigrantes okupas de Sant Antoni, quienes fueron condenados por “delitos leves” lo que desató la indignación de los vecinos.
“Se hace lo que dice la ley que se puede hacer. ¿Quién hace la ley? ¿La hago yo? No. La gente no ve que es el Legislativo o el Ejecutivo quien debe adoptar esas decisiones. Y las culpas las echan al juez”, ha afirmado.
En tal sentido, explica que ese delito está tipificado como una usurpación. “La pena que se prevé es una castaña. Es una multa de 3 meses. Que eso no es nada. Además, una multa que depende de la capacidad económica de la persona. Es decir, nada. ‘Es que solo han puesto 300 euros’. Oiga, es lo que dice la norma. Yo no puedo hacer otra cosa”, sostuvo.
Y agregó: “¿No le gusta? Que lo cambien. Que ponga: ‘El que cometa delito de usurpación se le cortarán las manos’. Yo les preparo aquí el hacha”.
A favor de los okupas
Según González Malabia, la ley es demasiado garantista “con el arrendatario que no paga o con el okupante. No me paga y encima lo tengo que soportar. ¿Por qué? No debe de mirar aquí, no hacemos las leyes, las aplicamos”.
“Hay que seguir una serie de trámites, de garantías, de plazos, que marca la propia ley, que es lo que hay. Y después, cuando ya se les consigue echar, se les permite que puedan solicitar una prórroga para permanecer dentro por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Es una cosa que viene arrastrándose desde el COVID en el 2020 y que perdura todavía a día de hoy”, detalla.
En esa línea, el juez de Primera Instancia Número 3 detalla que, en principio, podría ser “una medida lógica y buena para ayudar a la familia, efectivamente, en situación. Pero se ha prostituido y se utiliza constantemente. Es como las cosas de violencia de género. En principio, la protección a la mujer era una cosa necesaria y loable, pero muchas veces se ha convertido en un arma arrojadiza en situaciones de conflicto familiar, de ruptura”.
A eso se le añade la demora por los desahucios que se vincula con la falta de recursos. Es que, una vez concluido el proceso judicial y establecido el desahucio, hay solamente dos funcionarios para hacer todos los lanzamientos de Ibiza y Formentera.
“Cuando yo les pido fecha para lanzar a este señor, me dan entre dos y tres meses. Porque dos personas solo tienen que hacer todo el lanzamiento de todos los desahucios de Ibiza y Formentera. Los señores que hacen los lanzamientos tienen una lista de espera, una agenda de dos meses”, detalla el juez decano.
“Y después la gente dice que la justicia es muy lenta, que no consigue echar al que no paga. Pongan a ocho funcionarios ahí. Y entonces los sacamos a la calle al otro día y no dentro de dos meses. Entonces, deme una ley que me permita echarlos rápido y mecanismos o funcionarios que puedan ejecutarlos de forma rápida”.
Otro caso
El juez decano también se ha referido al hecho del conductor borracho que mató a un hombre en Cala de Bou en mayo pasado, quien quedó en libertad después de pagar una fianza de 3.000 euros.
“Primero, es una medida cautelar. Ese señor no se va a librar del delito. Pero ojo, un delito que la pena que conlleva es también una castaña. Porque la gente querría que lo mataran. Pero la pena del Código Penal para un homicidio involuntario es de 2 a 4 años. Que normalmente se quedan dos. Yo no hago la norma”, reiteró.
“Que pongan que si una persona va borracha y atropella a alguien y se la carga son 10 años de prisión”, agregó.
En cuanto a la fianza de 3.000 euros, dijo que “el juez está vinculado por la petición que hacen las partes. Si el Ministerio Fiscal pide una fianza de 3.000 euros, yo no puedo acordar prisión provisional. Tengo que acordar fianza y de no más de 3.000 euros. Entonces, nadie le dice nada al Ministerio Fiscal. No, la culpa es del juez que ha puesto 3.000 euros. Eso no lo entiende nadie. Yo estoy cansado de explicar este tipo de cosas. Apunten a otro”.
