El Partido Animalista PACMA ha salido en defensa de las protectoras y voluntarios que gestionan las colonias de gatos callejeros en Ibiza. Su coordinador insular, Olivier Hassler, alerta sobre una “creciente ola de desinformación” en torno al método CER (captura, esterilización y retorno), el sistema avalado por la ciencia y la ley para controlar de manera ética las poblaciones felinas.
Según Hassler, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales reconoce al gato comunitario como figura legal y obliga a las administraciones públicas a aplicar el CER, sin que se trate de una práctica “opcional” ni “animalista”. “No es un capricho, es una obligación legal basada en criterios científicos, éticos y de salud pública”, recalca.
“El problema es el abandono, no los gatos”
PACMA subraya que el verdadero origen del conflicto está en la tenencia irresponsable y el abandono continuado de animales sin identificar ni esterilizar. “La solución pasa por educar, prevenir y sancionar el abandono, no por criminalizar a quienes hacen el trabajo que deberían asumir las administraciones”, sostiene el coordinador.
En la ciudad de Eivissa existen actualmente unas 52 colonias felinas registradas, con unos 800 gatos comunitarios gestionados conforme al método CER, gracias a la coordinación entre entidades locales y profesionales veterinarios.
Sin embargo, la formación denuncia que en otros municipios, como Sant Josep, las administraciones no están cumpliendo la ley, lo que agrava la situación y provoca el aumento de camadas no deseadas.
Gatos comunitarios y biodiversidad
PACMA Ibiza coincide en la necesidad de proteger la biodiversidad y la fauna autóctona, pero advierte contra las campañas que promueven la persecución de los gatos de colonia. “Estos animales no cazan para sobrevivir; dependen de las personas para su alimentación y control sanitario. Negarles esa asistencia solo genera sufrimiento y descontrol”, remarcan desde el partido.
La organización insiste en que la gestión ética de los gatos comunitarios no es una cuestión ideológica, sino de responsabilidad pública y cumplimiento legal.
