PALMA

Piden frenar el búnker de municiones proyectado en las inmediaciones de zonas habitadas

Unidas Podemos ha registrado una iniciativa en el Parlament para detener el almacén militar que el Ministerio de Defensa planea construir en la base aérea de Son Sant Joan, con capacidad para 75 toneladas de explosivos. El partido advierte del riesgo para los vecinos y el tráfico aéreo y denuncia la “militarización” de Baleares.

El almacén militar está proyectado en Son Sant Joan

Unidas Podemos ha registrado en el Parlament una iniciativa para frenar el proyecto del Ministerio de Defensa que prevé la construcción de un depósito de armamento en la base aérea de Son Sant Joan, en las inmediaciones de zonas habitadas y del aeropuerto de Palma.

Lo ha explicado el diputado del grupo UP y coordinador de Esquerra Unida, José María García, que se ha referido a la adjudicación de un contrato de 1,78 millones de euros para levantar una instalación con capacidad para 75 toneladas de explosivos.

Según García, esta es una decisión irresponsable, que pone en peligro la seguridad de los vecinos y el tráfico civil, y que no se ha explicado ni consultado». «No queremos que Mallorca sea un polvorín militar al servicio de la OTAN«, ha afirmado.

El diputado ha advertido de la deriva «militarizadora» de Baleares, con nuevas infraestructuras, barcos de guerra y ampliaciones de presencia militar, sin que la ciudadanía ni las instituciones locales hayan sido escuchadas.

«Baleares no es una base militar ni un campo de pruebas. Somos islas de paz, y así lo defenderemos en el Parlament, en el Congreso y en la calle», ha remarcado el diputado.

La Proposición no de ley presentada (PNL) pretende que la Cámara autonómica se posicione en contra de la instalación de este depósito de explosivos e inste al Ministerio de Defensa a paralizar de manera inmediata la licitación, adjudicación o ejecución de cualquier obra relacionada con este proyecto.

La iniciativa reclama al mismo tiempo que se garantice la consulta, coordinación e informe previo con el Govern y las entidades locales afectadas antes de adoptar cualquier decisión futura relativa a infraestructuras militares o de riesgo.

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