La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha registrado esta mañana la sede de la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación abierta por supuestas irregularidades vinculadas al blanqueo de capitales. La intervención, iniciada alrededor de las ocho de la mañana, ha sido llevada a cabo por agentes que se personaron en las oficinas centrales con el objetivo de acceder al servidor interno de la corporación y recabar información clave para las pesquisas.
Según ha podido saber Vozpópuli, la dirección de la empresa envió un comunicado a primera hora a sus trabajadores recomendando que “no acudieran a sus puestos de trabajo”, instrucción que ha generado inquietud entre la plantilla. El operativo policial, que se ha desarrollado sin incidentes, forma parte de las diligencias que buscan esclarecer el alcance de las relaciones comerciales y financieras de la aerolínea.
La investigación, centrada en datos fiscales y blanqueo de capitales
El registro de la UDEF se enmarca dentro de una investigación que, según ha podido saber Vozpópuli, se está centrando en “toda la información referente a la fiscalidad de la compañía”, con especial interés en posibles delitos de blanqueo de capitales. El hecho de que los agentes se dediquen específicamente a este aspecto vincula directamente el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021.
Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el material incautado ni sobre los próximos pasos de la investigación, que permanece bajo secreto.
Polémica por el rescate de 53 millones y los vínculos con Venezuela
Los vínculos de Plus Ultra con Venezuela y el Gobierno español se encuentran en un controversial rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021 para empresas consideradas estratégicas y afectadas por la pandemia del coronavirus. Esta ayuda suscitó una gran controversia porque la aerolínea no parecía cumplir con los criterios de solvencia ni de ser estratégica, además de contar con empresarios cercanos al régimen venezolano.
En 2021, el Tribunal de Cuentas admitió a trámite una denuncia promovida por el partido Ciudadanos en la que se iniciaba una investigación sobre el rescate a cargo de SEPI para determinar si existió un “presunto menoscabo de fondos públicos”. La admisión a trámite abrió un primer frente judicial que ahora se complementa con la actuación de la UDEF.
Las conexiones con el ex presidente Zapatero
Vozpópuli ha informado en varias ocasiones de las conexiones entre el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la aerolínea venezolana. Las fuentes de la investigación señalan que Zapatero desplegó una intensa labor de lobby a favor de la aerolínea durante el proceso del rescate.
Uno de los testimonios clave recabados indica que Zapatero acudió al Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, para dejar una consigna clara: “Ese rescate se tenía que hacer”. Esta intervención habría sido crucial para superar las objeciones iniciales sobre si Plus Ultra cumplía los requisitos para ser considerada una empresa “estratégica” y viable, según las fuentes consultadas.
El impacto del registro y la respuesta empresarial
El registro de la UDEF en la sede de Plus Ultra se produce en un momento de fuerte escrutinio público y mediático sobre las ayudas públicas y los criterios utilizados para su concesión durante la pandemia de COVID‑19. La recomendación interna de la empresa de que los trabajadores no acudieran al centro de trabajo ha aumentado la preocupación entre sus empleados y ha puesto el foco en las operaciones internas de la aerolínea.
Aunque la compañía no ha hecho pública ninguna declaración oficial sobre el registro, fuentes cercanas a la investigación aseguran que las diligencias podrían extenderse más allá de la sede central, abarcando posibles vínculos societarios, financieros y fiscales con otras entidades y personas físicas que tendrían relación con Plus Ultra.
Un caso que sigue bajo secreto de sumario
La causa en la que se encuadra el registro de la UDEF está bajo secreto judicial, lo que limita la información pública disponible y mantiene la mayoría de diligencias fuera del conocimiento general por el momento. La operación policial se ha realizado como parte de una investigación más amplia que incluye posibles delitos de blanqueo de capitales y otras irregularidades en la gestión de fondos públicos.
El uso de la fiscalidad empresarial como eje de la investigación indica que los agentes buscan elementos contables y fiscales que puedan demostrar movimientos de dinero sospechosos o prácticas contrarias a la ley. El cruce de información con el préstamo de SEPI en 2021 es uno de los aspectos clave, ya que apoyaría la tesis de que existieron irregularidades en la concesión de ayudas públicas.
Consecuencias políticas y expectativas
El registro de la sede de Plus Ultra por parte de la UDEF añade una nueva dimensión política y jurídica al caso, que ya había generado debate en diferentes ámbitos. Las investigaciones sobre el rescate y las conexiones con figuras políticas de alto perfil, como Zapatero y Ábalos, han puesto en el centro del debate la gestión de ayudas públicas y la transparencia en las decisiones gubernamentales.
Mientras la causa sigue su curso y la Guardia Civil continúa recopilando información, seguirán las expectativas sobre posibles imputaciones, nuevas actuaciones judiciales y la determinación de responsabilidades. El caso Plus Ultra se ha convertido en uno de los focos de atención más destacados en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la supervisión de fondos públicos, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito empresarial hacia el político.
