El caso de Miguel Tur y su relación económica con una empresa vinculada al grupo O Beach ha llegado este martes al Parlament balear, donde el diputado socialista por Ibiza, Marco Antonio Guerrero, ha interrogado al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa (PP), sobre los controles fiscales de las operaciones económicas entre empresarios y cargos públicos.
Sin embargo, el debate ha derivado en un enfrentamiento entre PP y PSOE, con reproches sobre investigaciones judiciales, posibles delitos de corrupción y alusiones a dirigentes de ambos partidos, hasta el punto de dejar en segundo plano la cuestión inicial.
Guerrero ha comenzado recordando que Miguel Tur reconoció públicamente haber contactado con empresarios para conseguir financiación ante una situación económica familiar. El diputado ha aludido a la operación de 190.000 euros mediante la que Ice Properties, sociedad vinculada al grupo empresarial O Beach, adquirió el crédito hipotecario de una vivienda de la hermana del teniente de alcalde de Sant Antoni.
«¿Le parece normal que un cargo público pida ayuda económica a empresarios a los que, antes, durante y después, él mismo ha adjudicado contratos públicos?», ha preguntado Guerrero al conseller.
El socialista ha formulado a continuación la pregunta que figuraba en el orden del día: «¿Controla la Agencia Tributaria los impuestos abonados por operaciones financieras de préstamos entre empresas y cargos públicos?»
Antoni Costa ha respondido inicialmente ciñéndose al contenido estrictamente tributario de la pregunta, sin entrar a valorar las circunstancias particulares de la operación económica de Miguel Tur.
«Acaba de formular una pregunta: ¿controla la Agencia Tributaria los impuestos abonados por operaciones financieras de préstamos entre empresas y cargos públicos? Esta es, literalmente, su pregunta. Y la respuesta es sí», ha contestado el vicepresidente.
Costa ha añadido que las administraciones tributarias desarrollan sus funciones con independencia de los intereses políticos.
«Tanto los profesionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como los de la Agencia Tributaria de las Illes Balears realizan su trabajo con eficacia, eficiencia y, por supuesto, con total independencia. Esta es la respuesta a su pregunta», ha señalado.
Soborno, tráfico de influencias y conflicto de intereses
La respuesta no ha satisfecho al diputado socialista, que ha retomado la palabra para insistir en las posibles consecuencias jurídicas de las relaciones económicas entre cargos públicos y empresas contratistas.
«Señor Costa, vuelvo a repetir: ¿le parece normal que un cargo público pida dinero a un empresario y después adjudique contratos públicos? Porque no lo es», ha afirmado Guerrero.
A continuación, el parlamentario ha planteado dos posibles escenarios delictivos, aunque sin aportar durante su intervención pruebas de que se hubieran producido en el caso de Tur.
«Si la ayuda económica fue una contraprestación para favorecer al empresario en la adjudicación de contratos públicos, soborno. Y si utilizó el cargo público y su relación con otros responsables públicos para beneficiar al empresario, tráfico de influencias», ha sostenido.
Guerrero ha ido más allá y ha calificado la situación de «un conflicto de intereses de manual», argumentando que la normativa obliga a las autoridades a abstenerse en determinadas decisiones cuando concurren intereses personales.
«La ley es clara. El artículo 23 de la Ley 40/2015 obliga a los cargos públicos a abstenerse cuando hay un interés personal», ha manifestado. A su juicio, Tur no debería haber participado en votaciones que afectaban a empresas vinculadas al empresario con el que había mantenido una relación económica.
El diputado también ha invocado los mecanismos de colaboración de la Agencia Tributaria autonómica en supuestos de posibles incrementos patrimoniales injustificados o conflictos de intereses.
«¿Se ha solicitado la colaboración de la Agencia Tributaria para este caso o para algún otro?», ha preguntado Guerrero, quien ha relacionado el asunto con la eliminación de la Oficina Anticorrupción de Baleares.
«No puede mirar hacia otro lado. Tiene que poner el organismo al servicio y colaborar con la Justicia», ha reclamado al vicepresidente.
Costa: «Haga el favor de dejar de hacer el ridículo»
La segunda intervención de Antoni Costa ha cambiado completamente el tono del debate. En lugar de profundizar en la operación económica de Tur o responder a la última pregunta sobre una posible investigación tributaria, el vicepresidente ha comenzado a enumerar controversias judiciales que atribuye al entorno socialista.
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«¿Le parece normal tener 27 procedimientos judiciales por corrupción en marcha, 127 imputados y 20 delitos que se están investigando?», ha replicado Costa.
Costa ha mencionado a dirigentes y antiguos responsables socialistas, entre ellos José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de aludir a investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También ha dirigido sus críticas al PSOE balear, al que ha reprochado su actuación ante la trama Koldo y las polémicas relacionadas con la contratación pública durante la anterior legislatura.
El vicepresidente ha lanzado asimismo acusaciones sobre supuestas irregularidades de financiación y actuaciones contra jueces, fiscales, empresarios y periodistas.
Tras esa enumeración, Costa ha cuestionado la autoridad de los socialistas para exigir explicaciones al PP en relación con Miguel Tur. «Y con este currículum viene usted a decirnos quiénes somos. Señor Guerrero, haga el favor de dejar de hacer el ridículo», ha concluido el conseller.
Omar Lamin replica con Vicent Marí y Feijóo
La intervención de Costa ha provocado una respuesta desde los escaños del PSOE, donde el diputado Omar Lamin ha replicado con alusiones a controversias relacionadas con dirigentes populares.
«Señor Costa, para currículum, el del Partido Popular», ha comenzado Lamin, devolviendo al vicepresidente el argumento con el que acababa de cerrar su intervención.
«Mire detrás, el señor Vicent Marí (presidente del Consell Insular de Ibiza), imputado», ha manifestado Lamin, en una intervención en la que también ha realizado alusiones al entorno de la presidenta del Govern, Marga Prohens.
«Y de narcotraficantes sabe bastante Feijóo, de narcotraficantes. Tápense un poquito la boca», expuso antes de iniciar su pregunta sobre sanidad.
Semanas de controversia por el caso Tur
La polémica sobre Miguel Tur comenzó a adquirir dimensión política después de conocerse la intervención de Ice Properties en la operación hipotecaria de una vivienda de su familia. El concejal explicó durante el Pleno extraordinario del 29 de octubre que necesitaba 190.000 euros en tres semanas y que había recurrido a varios empresarios para obtener financiación urgente.
Según su versión, Ice Properties adquirió el crédito hipotecario en agosto de 2024 y recuperó el dinero con intereses en diciembre, cuando el propio concejal compró la vivienda y canceló la deuda con esa sociedad.
El PSOE ha cuestionado desde entonces la participación de Tur en contratos municipales y decisiones urbanísticas relacionadas con empresas del entorno de Duane Lineker. Los socialistas consideran que existieron posibles conflictos de intereses y han reclamado la dimisión del concejal.
Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha respaldado a Tur y ha rechazado que la operación económica haya condicionado las decisiones municipales. El PP también ha acusado al PSOE de formular denuncias sin pruebas suficientes sobre el conocimiento previo que tenía el alcalde de esos vínculos.
