El Consell Insular de Ibiza ha salido al paso de las acusaciones vertidas este viernes por el GOB y la Plataforma contra el Traslado de Residuos, que han llevado a los tribunales la adjudicación a la UTE GIREF del envío de basura desde Ca na Putxa hasta la incineradora de Son Reus, en Mallorca. Frente a la denuncia ecologista de que la administración diseñó una «prueba piloto fraudulenta» y una exclusividad «a medida» sin concurso público, el gobierno insular sostiene que la adjudicación directa no fue una decisión discrecional, sino el estricto cumplimiento de un mandato legal.
La institución que preside Vicent Marí ha evitado por el momento entrar en el fondo jurídico de la demanda formalizada el pasado 9 de noviembre, alegando que todavía no ha tenido acceso al contenido íntegro del recurso. Sin embargo, ha recordado que el expediente de contratación siguió todos los trámites y controles preceptivos al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
Dicho precepto, incorporado inicialmente mediante el Decreto ley 6/2025 —aprobado en diciembre del año pasado— y ratificado posteriormente por la Ley 4/2026, establece de forma expresa que esta prueba piloto debe ser ejecutada obligatoriamente por la entidad concesionaria del servicio público insular, es decir, GIREF, gestora de Ca na Putxa desde 2003.
Cumplimiento legal
«La participación de la UTE GIREF no responde a una decisión discrecional del Consell ni a la voluntad de excluir a otros operadores, sino al cumplimiento de una previsión legal expresa», ha subrayado la institución insular, desmontando así el argumento de los ecologistas, quienes habían cuestionado que no se sacara a concurso por lotes el transporte terrestre y marítimo.
Otro de los puntos de fricción abiertos por los demandantes es la duración del operativo. El GOB y las entidades vecinales calificaron la operación de «fraude» al advertir que un proyecto diseñado inicialmente para tres meses y 9.271 toneladas contempla hasta siete prórrogas trimestrales que permiten alargarlo durante 24 meses.
Sobre este extremo, el Consell ha puntualizado que los dos años constituyen «un plazo máximo eventual» que únicamente se alcanzaría en el supuesto de que se acordaran todas las prórrogas previstas en el pliego. «No es, por lo tanto, una duración fijada ni comprometida de antemano», ha aclarado el gobierno insular.
En la misma línea, la institución ha precisado que tanto el plazo de dos años como el volumen máximo de toneladas y el crédito disponible (un contrato estimado en 24,6 millones según la documentación contractual, con un presupuesto inicial de 2,7 millones sin impuestos) funcionan como techos operativos que no tienen por qué agotarse. De hecho, el Consell ha asegurado que su voluntad es acortar la prueba piloto si logra recabar antes información suficiente y representativa sobre el funcionamiento real del sistema.
El paso previo a un concurso abierto
Según han explicado desde el Consell, el objetivo de los envíos, que arrancaron el pasado 15 de julio a un ritmo de hasta siete camiones diarios, es testear toda la cadena logística en distintas épocas del año. Esto incluye analizar posibles incidencias en la preparación y embalaje previo en Ca na Putxa, el transporte por carretera y barco hasta Palma, y la recepción y valorización energética en las instalaciones de TIRME.
Una vez recopilados los datos reales sobre costes y necesidades técnicas del servicio, el Consell ha reiterado que su hoja de ruta pasa por licitar un servicio estable de traslado de residuos abierto a la concurrencia, una previsión que asegura haber manifestado públicamente en reiteradas ocasiones antes de la ofensiva judicial de los ecologistas.









