El informe técnico encargado por el Consell de Ibiza para analizar las alternativas de gestión de residuos ha puesto de manifiesto la división entre administraciones, empresas y entidades sociales y ecologistas. Cada bloque otorgó distinto peso a los criterios de valoración, lo que explica el resultado ajustado entre planta de incineración en la isla y traslado a Mallorca.
En concreto, el informe técnico fijó cuatro grandes bloques de participación en los talleres: administraciones y entidades públicas (35% del peso total), sector empresarial (27%), organizaciones ecologistas y sociales (28%) y partidos políticos (10%). Cada grupo aportó una visión distinta sobre qué criterios debían primar en la decisión.
Las entidades ecologistas y sociales, junto con los partidos políticos, coincidieron en que el criterio ambiental debía ser el eje central de la valoración. Para ellos, cuestiones como la reducción de emisiones de CO₂, el impacto sobre el paisaje o la protección del entorno natural fueron determinantes a la hora de puntuar los escenarios.
El sector empresarial, si bien consideró el criterio ambiental el más valioso, lo puso casi en línea con el económico, dando gran relevancia a los costes de inversión y operación (CAPEX/OPEX) y a la viabilidad financiera a largo plazo.
Las administraciones públicas, en tanto, dieron prioridad al factor ambiental, pero también consideraron muy relevante el técnico, como el uso de tecnología probada, la logística o la vida útil de una instalación. Su posición reflejó la necesidad de equilibrar sostenibilidad, costes y control local de la gestión.
Cómo se dividió el voto
Los talleres sectoriales, que representaban el 85% del peso de la decisión, dieron mejor nota a la planta en Ibiza, destacando la autonomía de gestión, la vida útil de las instalaciones y los ingresos por energía. En cambio, en la encuesta ciudadana, que suponía el 15% restante, la opción preferida fue el traslado a Mallorca, con un 62% de aceptación frente al 38% que obtuvo la incineradora.
El resultado final de la ponderación fue de 71 puntos para la planta en Ibiza frente a 64 para el traslado, una diferencia mínima que el Consell califica de “muy equilibrada”. Esta ajustada ventaja a favor de la incineración explica que el Consell haya optado por un plan piloto de un año de traslado a Mallorca antes de tomar una decisión definitiva en el nuevo Plan Director.
Otros puntos que destaca el informe
El informe recuerda además que cualquier alternativa encarecerá los costes actuales de tratamiento y que no hay garantías de ayudas externas. También advierte de que, en ambos escenarios, el vertedero de Ca na Putxa seguirá funcionando como planta de pretratamiento y mantendrá un uso de emergencia.
Otro dato llamativo es que el escenario de 2030 contempla un fuerte aumento del reciclaje, que llegaría al 65%, frente al 40% de tasa actual en Ibiza. Para ello, será necesario reforzar las políticas de prevención, separación en origen y valorización de residuos, independientemente de la alternativa elegida.
El Consell de Ibiza insiste en que este proceso participativo no es vinculante, pero sí sirve para tomar decisiones informadas y mantener la transparencia con la ciudadanía. “Lo importante ahora es decidir con datos y sin prisas”, recalcó el presidente Vicent Marí, quien subrayó que ninguna decisión se tomará de manera unilateral y que la población seguirá participando en los próximos pasos.
