Sa Unió emitió este viernes un comunicado para responder a las informaciones publicadas en los últimos meses sobre el conflicto de las hamacas y sombrillas de Formentera y para rechazar las acusaciones de presión sobre los técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral.
El texto, firmado por la vicepresidenta Verónica Castelló y el presidente Óscar Portas, deslinda responsabilidades en la anterior legislatura encabezada por el PSOE y Gent per Formentera -algo que es cierto- aunque decidió mantener el concurso en pie a pesar de las irregularidades visibles.
Reconocen la ilegalidad
El pasaje más significativo del comunicado es el que Sa Unió dedica al origen del problema. El equipo de gobierno afirma que «el anterior equipo de gobierno, formado por GxF y PSOE, impulsó una licitación que superaba en años el plazo de la misma autorización».
Es decir, reconocen que el contrato de hamacas y sombrillas adjudicado en 2021 tiene un plazo de explotación superior al que permite la normativa establecida en el Reglamento de Costas.
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Sa Unió califica esa licitación de «incorrecta». Tal como avanzara La Voz de Ibiza, se trata de una violación al artículo 113 del Reglamento General de Costas, que fija en cuatro años el plazo máximo de explotación por terceros.
Y la propia directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer Matas, la calificó con una sola palabra en la reunión del 18 de junio ante la propia Castelló y varios concesionarios: «ilegal». La Demarcación de Costas del Estado confirmó por escrito a este medio que el plazo máximo es de cuatro años y que superarlo puede derivar en sanciones para el Consell.
Las acusaciones sin nombre
El comunicado abre rechazando «las últimas acusaciones hechas por particulares en diferentes medios de comunicación». Sa Unió no identifica a esos particulares ni a esos medios.
La información sobre la presión de Castelló sobre los técnicos de Costas y Litoral fue publicada por La Voz de Ibiza, reconstruida a partir de varias fuentes presentes en la reunión del 18 de junio. Castelló lo negó parcialmente en Radio Illà, aunque admitió haber contactado con el conseller Lafuente y otros cargos del PP para «ver qué se podía hacer» con las denegaciones, y describió a la directora general como visiblemente enfadada en esa reunión.
El comunicado niega que se haya presionado a ningún funcionario público, pero no ofrece ninguna explicación alternativa sobre lo que ocurrió en esa reunión ni sobre el relato que varias fuentes independientes trasladaron a este medio.
Lo que no explican: el recurso en lugar de la subsanación
Castelló afirma en el comunicado que «se ha presentado ante la DG (Dirección General) de Costas y Litoral todo lo que siempre se ha requerido al Consell como son enmiendas, recursos y alegaciones».
Pero hay una omisión relevante: el Consell optó por presentar un recurso potestativo de reposición en lugar de subsanar la documentación que la Conselleria había requerido, tal como La Voz de Ibiza informó y como la propia Ferrer Matas evidenció en la reunión del 18 de junio, sacando sobre la mesa la resolución con todo lo que se había pedido y no se había entregado correctamente.
Ese recurso tiene un plazo máximo de resolución de tres meses. Si no hay respuesta, se entiende desestimado por silencio administrativo. Las hamacas denegadas no volverán este verano.
Es la consecuencia directa de una decisión que Sa Unió no menciona en su comunicado.
La herencia del problema y sus propias decisiones
Sa Unió tiene razón en un punto: la licitación de 2021 fue aprobada por el gobierno anterior de GxF y PSOE, con Ana Juan al frente del Consell. El problema de origen es heredado.
Pero como reconoció implícitamente la propia Castelló en ese mismo pleno, desde el momento en que el equipo de gobierno actual conoció el problema —y hay constancia de que lo conocía, porque la directora general se lo dijo en persona en la reunión del 18 de mayo, y porque este medio lo publicó meses antes— el problema dejó de ser solo heredado para convertirse también en propio.
«Una cosa es heredar un expediente problemático y otra muy diferente es mantenerlo, defenderlo sin transparencia o intentar salvarlo por vías que pueden poner en riesgo la institución», afirmó Llorenç Córdoba en su momento. Sa Unió no responde a esa pregunta en su comunicado.
El cese de Ferrer Matas, en el aire
El comunicado llega el mismo día en que el Govern confirmó el cese de Ferrer Matas y su sustitución por Joan Cristòfol Jaume Mulet, exalcalde de Llucmajor y político del PP sin perfil técnico específico en materia de litoral.
Sa Unió no hace ninguna referencia al cese ni al nombramiento del nuevo director general, que hereda un conflicto sin resolver y un recurso pendiente de respuesta.
