CONFLICTO VECINAL

Sant Josep desmiente que el alcalde pidiera a las vecinas de Cala de Bou abandonar sus casas

El Ayuntamiento aclara que fueron las propias residentes quienes hablaron de marcharse del edificio y asegura que ya había activado la intervención de Medio Ambiente y Urbanismo antes de la reunión con las afectadas. Los informes técnicos todavía están pendientes.
Apartamentos Los Pinos, en Cala de Bou, Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).

El Ayuntamiento de Sant Josep ha desmentido que el alcalde, Vicent Roig, sugiriera a las vecinas del edificio de Cala de Bou que abandonaran sus viviendas ante los problemas de insalubridad y convivencia que denuncian desde hace años. El Consistorio ha aclarado a La Voz de Ibiza que fueron las propias residentes quienes plantearon esa posibilidad durante una conversación mantenida con el primer edil el pasado viernes al mediodía.

La aclaración municipal llega después de que varias afectadas relataran a este periódico que el alcalde les había recomendado marcharse del inmueble, donde denuncian desde hace dos décadas acumulación de basura, presencia de ratas, malos olores y conflictos de convivencia.

Según la versión trasladada ahora por el Ayuntamiento, las vecinas explicaron durante el encuentro que otros residentes habían abandonado el edificio cuando habían tenido la posibilidad de hacerlo, pero que ellas no contaban con esa alternativa.

Desde el Consistorio insisten en que Roig no les recomendó abandonar sus casas.

Medio Ambiente y Urbanismo ya habían recibido instrucciones

El Ayuntamiento también ha precisado que el viernes por la mañana, antes de la conversación entre el alcalde y las vecinas, ya se habían dado instrucciones para que intervinieran tanto el departamento de Medio Ambiente como los servicios de Urbanismo.

Esta aclaración amplía la información facilitada anteriormente por el Consistorio, que había confirmado a La Voz de Ibiza que Medio Ambiente había trasladado el caso a sus supervisores para que realizaran una visita de inspección.

Según las fuentes municipales, ambas áreas deben analizar las condiciones del inmueble y determinar si corresponde adoptar alguna medida administrativa.

Por el momento, el Ayuntamiento sigue pendiente de conocer los resultados de estas actuaciones, por lo que todavía no se han comunicado conclusiones técnicas ni posibles medidas.

Los residentes aseguran que han acudido a la Guardia Civil, Servicios Sociales y Medio Ambiente, y denuncian que ocho menores conviven a diario con insultos y amenazas.

Las consecuencias de una inspección municipal

Otro de los aspectos que el Consistorio ha querido aclarar es el contenido de la conversación que el alcalde mantuvo con las afectadas.

Según la versión municipal, lo que se explicó a las vecinas fue que, ante los problemas de limpieza, salubridad y convivencia que relataban, la intervención de los servicios técnicos podía dar lugar a informes y actuaciones administrativas cuyas conclusiones deberían respetarse, con independencia de cuáles fueran.

El Ayuntamiento sostiene que esta explicación no constituía una recomendación para abandonar el edificio, sino una advertencia sobre las posibles consecuencias administrativas de las comprobaciones técnicas.

Un conflicto que los vecinos denuncian desde hace 20 años

El caso salió a la luz después de que varios residentes denunciaran públicamente las condiciones en las que aseguran vivir desde hace aproximadamente 20 años.

Los afectados describen problemas de acumulación de residuos, presencia de roedores y conflictos de convivencia que, según sus testimonios, también afectan a familias con menores de edad.

En sus primeras respuestas, el Ayuntamiento había señalado que la Policía Local no tenía constancia de incidencias relacionadas con el inmueble, aunque posteriormente confirmó la intervención del área de Medio Ambiente.

Ahora, el Consistorio insiste en que no pretende minimizar la situación denunciada por los residentes.

«No queremos restar importancia a lo que están viviendo estas personas. Precisamente por eso se ha activado la intervención de los servicios municipales», han trasladado fuentes municipales a este periódico.

La resolución del conflicto queda así pendiente de los informes de Medio Ambiente y Urbanismo, que deberán determinar el estado del edificio y las posibles actuaciones que correspondan.

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