Tres años después de asumir la representación de los jueces de Ibiza y Formentera, Sergio González Malabia hace balance de una etapa marcada por las reclamaciones de recursos, las dificultades para cubrir las plantillas y los obstáculos para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. El actual presidente del Tribunal de Instancia, anteriormente juez decano, reconoce que muchas de las soluciones necesarias no dependen de sus competencias y dirige buena parte de sus críticas al Ministerio de Justicia.
En una entrevista con La Voz de Ibiza, el magistrado cuestiona la capacidad de la reforma judicial para reducir los retrasos que arrastra el sistema. A su juicio, los cambios organizativos no resolverán un problema que requiere más inversión, funcionarios y medios materiales. «Por el momento no se ha conseguido y, en mi opinión, no se va a conseguir», sostiene sobre los objetivos de eficiencia de la nueva organización.
El elevado coste de la vivienda aparece como otro de los grandes obstáculos. González Malabia advierte de que numerosos profesionales llegan a Ibiza por obligación, permanecen poco tiempo y solicitan el traslado en cuanto pueden. Una rotación que, según explica, impide consolidar equipos experimentados y repercute directamente en el servicio que reciben los ciudadanos.
A estas dificultades se suman la falta de asistencia informática y la necesidad de terminar la nueva sede judicial, una reclamación que continúa sin respuesta efectiva. El magistrado reconoce que su balance de estos tres años tiene un componente de frustración: «Muchas veces tienes la sensación de chocar contra un muro».
Tres años al frente de los jueces de Ibiza
—Han pasado tres años desde que asumió el cargo. ¿Qué conclusiones saca de este periodo y de su trabajo?
—Hemos intentado hacer lo mejor posible para la Administración de Justicia en Ibiza y Formentera y, sobre todo, para los ciudadanos, con todas las limitaciones que nos encontramos. La figura del anteriormente juez decano, actualmente presidente del Tribunal de Instancia, aunque pueda parecer que tiene muchas competencias y facultades, en realidad tiene una capacidad de actuación muy limitada.
A pesar de ello, intentamos hacer muchas más cosas de las que estrictamente corresponden al cargo para conseguir una mejor situación.
—¿Cuáles son esas limitaciones y trabas?
—Las competencias son muy limitadas. Represento a los jueces del partido judicial, pero no tengo facultades en materia de personal ni de medios materiales. No disponemos de fondos económicos. Todo eso depende del Ministerio de Justicia y de otros organismos superiores.
Tenemos competencias para resolver pequeñas cuestiones de funcionamiento interno, pero no podemos decidir la contratación de funcionarios, aumentar las plantillas ni gestionar presupuestos. Nuestra función consiste fundamentalmente en representar a los jueces ante los poderes públicos y organizar determinadas cuestiones internas de las sedes judiciales.
Los juzgados de Ibiza siguen sin recuperar toda su asistencia informática
—Hace unos meses informábamos de que los juzgados de Ibiza se habían quedado sin personal informático. ¿Qué ha ocurrido con esa situación?
—Había dos informáticos. Primero se suprimió uno de los puestos y después el otro. Parece que la nueva empresa adjudicataria ha vuelto a contratar al primero de los informáticos de los que se prescindió, pero no al segundo, que era quien realizaba una labor esencial.
Por lo que sabemos, el informático que ha regresado está asumiendo las funciones que desempeñaba el segundo trabajador, cuando ambos realizaban tareas completamente distintas. La situación no es la más adecuada. Se está intentando hacer un apaño que no nos satisface. El informático es una pieza esencial en cualquier organización y no se ha repuesto adecuadamente ese servicio.
Actualmente, el funcionamiento de esa parte de la asistencia técnica es bastante deficiente.
—¿Quién tiene la responsabilidad de solucionar estas carencias?
—El Ministerio de Justicia tiene las competencias en materia de personal y medios materiales. Nosotros podemos trasladar las necesidades, pero no tenemos capacidad para contratar trabajadores ni para decidir cómo se distribuyen los recursos.
«La demora en la Justicia es un problema histórico y endémico»
—Los retrasos judiciales son una crítica recurrente. ¿A qué se deben y cómo se podría mejorar la situación en Ibiza?
—La demora en la Justicia no es algo de hoy. Es un problema histórico, endémico, que nadie ha sabido atajar ni solucionar durante mucho tiempo. La Administración de Justicia ha sido el patito feo al que nadie ha prestado suficiente atención y en el que no se ha invertido lo necesario.
Nos encontramos en un momento en el que la litigiosidad aumenta cada año de manera muy importante, pero la Administración no crece lo suficiente para atender esa carga de trabajo. A los asuntos que ya estaban pendientes se siguen sumando otros nuevos y no conseguimos reducir esa acumulación.
El año pasado entró en vigor una ley de eficiencia que modificó profundamente la estructura y la organización de la Administración de Justicia con el objetivo de hacerla más ágil. Por el momento no se ha conseguido y, en mi opinión, no se va a conseguir únicamente con esa reforma.
Para tener una Justicia más eficiente y rápida no basta con cambiar la organización. Si quieres sacar adelante un mayor volumen de trabajo, necesitas más trabajadores y más medios. Todo lo que no implique una mayor inversión en recursos personales y materiales no va a conseguir que desaparezca esa realidad de que la Justicia funciona lentamente.
El problema de la vivienda también afecta a los juzgados
—Ibiza tiene particularidades que no se encuentran en otros territorios, especialmente por el problema de la vivienda. ¿Hasta qué punto afecta esta situación a la Administración de Justicia?
—Ibiza tiene muchas peculiaridades. Es una isla con una población que aumenta considerablemente durante una parte del año, con una presencia importante de extranjeros y con problemas específicos derivados de su actividad y de su situación territorial. A eso se añade el elevado coste de la vida y, especialmente, de la vivienda. Con los salarios que se pagan en la Administración de Justicia resulta muy difícil cubrir todos los puestos necesarios para prestar el servicio público.
Es algo que también ocurre con la Guardia Civil, la Policía, los profesores o los sanitarios. Y sucede incluso con los jueces. La población local no es suficiente para cubrir todas esas plazas, por lo que deben venir profesionales de fuera. Pero el primer problema que encuentran es el alojamiento.
La gente hace cuentas: cuánto va a cobrar y cuánto le va a costar vivir aquí. Eso provoca que muchos no quieran venir y que quienes llegan, en ocasiones obligados por su destino profesional, se marchen en cuanto tienen la oportunidad.
Hay una gran rotación de personal, muchas vacantes y mucha interinidad. Todo ello acaba provocando que el servicio que se presta no sea tan eficiente como la ciudadanía merece.
«Yo llevo quince años aquí. No me voy a marchar a ningún sitio»
—Hace un tiempo, La Voz de Ibiza publicó unas declaraciones suyas en las que afirmaba que se marcharía de la isla en cuanto pudiera. ¿Sigue pensando lo mismo?
—Creo que aquellas palabras se malinterpretaron un poco. No me refería a mí personalmente, sino a la situación de muchos profesionales que llegan a Ibiza para trabajar en la Administración.
En ocasiones no vienen voluntariamente, sino porque es su primer destino o porque les corresponde una plaza aquí. Se encuentran con unas condiciones económicas muy difíciles y, en cuanto tienen la oportunidad de trasladarse a otro lugar, se marchan.
Yo llevo quince años aquí. No me voy a marchar a ningún sitio. Lo que quería explicar es que existe una rotación muy importante de profesionales y que debemos conseguir que las personas quieran venir a Ibiza y, sobre todo, quedarse. Para ello hacen falta incentivos, una actualización del plus de insularidad, mejores condiciones laborales, retribuciones adecuadas y soluciones al problema de la vivienda.
Cuando consigues plantillas estables, con trabajadores que acumulan experiencia y conocimientos, el servicio funciona mejor. No se trata únicamente de cubrir plazas, sino de conseguir que quienes las ocupan puedan establecerse en la isla.
La nueva sede judicial, una reclamación que sigue pendiente
—¿Qué medidas concretas han reclamado al Ministerio de Justicia y cuáles se han materializado?
—Hemos solicitado reiteradamente que se termine el nuevo edificio judicial. Ya no sé cómo decirlo. Necesitamos una sede única, terminada y con todas las dotaciones necesarias. Actualmente estamos divididos en dos sedes y eso dificulta mucho el funcionamiento. Hay servicios que deben duplicarse y abogados, procuradores y ciudadanos que tienen que desplazarse de un edificio a otro.
No es una situación adecuada, pero las obras necesarias para terminar la nueva sede no arrancan.
También reclamamos más medios personales y materiales, más informáticos y más funcionarios, porque las plantillas actuales son completamente insuficientes para reducir la acumulación de asuntos que se ha generado durante tantos años. Además, hacen falta medidas generales que permitan atraer y mantener a los trabajadores públicos en Ibiza: incentivos económicos, mejoras del plus de insularidad y soluciones habitacionales.
De nada sirve crear más plazas si después los profesionales no pueden venir o no tienen condiciones para quedarse.
«Hay muchos intereses políticos»
—Si tuviera que poner en la balanza lo bueno y lo malo de estos tres años, ¿con qué se quedaría?
—Lo primero y más satisfactorio es tener el respaldo de mis compañeros, que fueron quienes me eligieron para representarlos. También me quedo con la posibilidad de conseguir mejoras que beneficien a la sociedad, aunque nuestras competencias sean limitadas.
Muchas de las cosas que solicitamos no son para nosotros ni siquiera para los jueces. Son mejoras dirigidas a los ciudadanos, a los abogados, a los procuradores y a todos los que utilizan la Administración de Justicia. Por ejemplo, hemos creado una sala de mediación y hemos impulsado distintas iniciativas para mejorar el funcionamiento del servicio.
La parte negativa es esa sensación agridulce de que muchas veces chocas contra un muro. Haces peticiones que consideras razonables y necesarias, pero no encuentras respuesta. Hay muchos intereses políticos. Yo intento solicitar cosas que considero de sentido común, sin atender a ningún partido ni ideología.
A veces tienes la sensación de estar luchando contra algo imposible, de darte golpes contra una pared porque tus reclamaciones no son escuchadas. Eso genera frustración.
Pero la parte positiva sigue siendo poder conseguir, dentro de nuestras posibilidades, mejoras que repercutan en la vida de los ciudadanos. Al final, la Justicia es un servicio público dirigido a la ciudadanía y esa es mi principal motivación.
