El juez decano de Ibiza, Sergio González, sostiene que, ante casos como el de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada la semana pasada en Madrid de su vivienda de alquiler, el problema de fondo de los desahucios de personas vulnerables en la isla no es judicial, sino la ausencia de respuesta de las administraciones una vez ejecutado el lanzamiento. «Aquí en Ibiza, cuando ocurre esto, las administraciones competentes no tienen una solución, una alternativa. No tienen un parque de viviendas, no tienen viviendas en propiedad que puedan alquilar a un precio limitado. No hay ninguna solución», afirma en declaraciones a La Voz de Ibiza.
El magistrado coincide así con el diagnóstico del Sindicato de Inquilinas de Ibiza, cuyo portavoz, Daniel Granda, aseguró a este medio que en la isla hay casos como el de Maricarmen «día a día». Preguntado por si se ha encontrado en Ibiza con situaciones similares a la de la mujer desahuciada en Madrid, González responde: «Muy parecidos». Y añade que esto le ocurre «a Maricarmen y a mucha gente».
«El problema no es judicial»
González explica que el papel de los juzgados se limita a comprobar si concurren los requisitos legales para resolver el contrato de arrendamiento. «Nosotros resolvemos el procedimiento si concurren o no los requisitos necesarios: si se acredita que concurren o no, en un sentido u otro», señala.
Lo que ocurra después con la persona desalojada queda fuera del ámbito judicial. «Lo que ocurra a partir de que la persona tiene que ser sacada de la vivienda no es una cuestión que nos corresponda. Son las administraciones las que deben adoptar las medidas oportunas de viviendas, sociales, etc. Y ahí nosotros ya no podemos entrar», subraya.
El juez pone como ejemplo el propio caso de Maricarmen. Según explica, la sentencia de la Audiencia que resolvió su contrato «no entra a valorar si la señora tiene otra vivienda, si tiene 80 años, si tiene algún problema de salud. Solamente si se dan los requisitos necesarios para resolver el contrato de arrendamiento». «En ese caso parece que sí se daban y así se acordó», añade.
Para el magistrado, la cuestión de fondo es otra. «El problema es qué pasa con esta señora. ¿Quién la atiende?», plantea. «El problema no es judicial», insiste. A su juicio, la dificultad está en que a estas personas no se les ofrece después ninguna solución por parte de quien tiene la competencia.
286 procedimientos en lo que va de año
Según los datos facilitados por el Decanato, en lo que va de 2026 se han registrado 286 procedimientos de desahucio (recuperación de la posesión) en Ibiza. De ellos,186 corresponden a falta de pago y reclamación de rentas, casi dos de cada tres. Otros 71 son por expiración del plazo del contrato, 26 por precario y 3 por arrendamiento con impago de rentas.
El juez decano señala que el volumen es similar al del año pasado, cuando las cifras superaron los 300, aunque precisa que la comparación definitiva solo podrá hacerse al cierre del ejercicio. «El número más o menos en Ibiza de desahucios se mantiene. Tanto por falta de pago como por expiración de plazo», apunta.
De todas formas, González explica que la presentación de demandas se ha retrasado porque ahora es obligatorio intentar antes una negociación extrajudicial con el inquilino. Ese trámite dificulta o retrasa el inicio de los procedimientos, pero no reduce su número: «A quien le dejan de pagar o se le ha acabado el contrato y quiere demandar, demanda. Los números son bastante similares anualmente».
Alquileres caros, más desahucios
El magistrado relaciona directamente el volumen de desahucios con el mercado del alquiler en la isla. «Aquí hay bastantes desahucios. Sobre todo porque hay mucho alquiler y los precios de los alquileres son muy altos. Entonces, cuando hay mucho alquiler y los precios son muy altos, es normal que el número de desahucios sea alto», afirma.
Esa dinámica explica, según el juez, el peso de los casos por fin de contrato. «Si yo te tengo alquilado durante 5 años a 1.000 euros y se te acaba el contrato, a lo mejor te tengo que subir a 1.500 euros. O tragas con 1.500 euros o resuelvo el contrato porque ya se ha acabado y busco a otro arrendatario que me pague más dinero», ejemplifica.
En un mercado tensionado, añade, «es normal que la gente no pueda pagarlos o quiera permanecer en la vivienda a pesar de que el contrato ya se ha extinguido».
La vulnerabilidad, usada «de forma sistemática»
González reconoce que los casos de inquilinos en situación de vulnerabilidad «hay muchos». Sin embargo, advierte de un uso desvirtuado de la posibilidad de suspender el procedimiento. Esa suspensión, recuerda, existe para que las administraciones busquen una solución a la persona afectada.
«Lo que pasa es que esta medida muchas veces se utiliza ya de forma sistemática, solamente con la finalidad de suspender y paralizar el procedimiento», señala. Cuando se alega vulnerabilidad, el juzgado tiene que verificar una serie de pasos y requisitos para determinar si la persona se encuentra en esa situación y si hay que protegerla o no.
No existen los «desahucios exprés»
El juez decano también ha cuestionado que pueda hablarse de «desahucios exprés». Según ha explicado, «antes de llegar al lanzamiento deben cumplirse diferentes trámites, desde actuaciones previas a la presentación de la demanda hasta el procedimiento judicial, la sentencia y los posibles recursos».
En el caso de Ibiza y Formentera, a todo ello «se suma que ambas islas cuentan con una unidad formada únicamente por dos personas para realizar todos los lanzamientos, lo que puede añadir alrededor de otros dos meses de espera».
Maricarmen y el decreto
El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros un real decreto-ley de medidas urgentes de vivienda (conocido ahora como «decreto Maricarmen»), cuya tramitación se ha acelerado tras el desahucio de Maricarmen y las protestas posteriores.
Entre las medidas del borrador figura la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2028, de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, además de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen antes de esa fecha. Si el texto sale adelante, el Congreso tendrá 30 días para convalidarlo.
Mientras tanto, Maricarmen podrá volver a su casa. Su familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión, la empresa propietaria del piso, han alcanzado un acuerdo para que regrese en régimen de alquiler.
