Un joven de 19 años que sufrió una agresión sexual siendo menor de edad malvive hoy sin hogar en Ibiza, donde duerme en el coche de un amigo mientras espera una plaza en los servicios sociales. Con una discapacidad reconocida y sin apoyo de su familia, su entorno más cercano lleva meses pidiendo ayuda a las administraciones sin obtener una solución.
Víctima de un delito siendo menor
Cuando era menor de edad, el joven sufrió una agresión sexual en Ibiza. El caso terminó con una condena de prisión para el agresor. Sin embargo, según explican las personas que le acompañan, nadie hizo un seguimiento posterior de su salud mental ni comprobó si recibía la atención psicológica que necesitaba.
Duerme en un coche con casi 40 grados
El joven vive actualmente en la calle. Desde hace un tiempo pasa las noches en el coche de un amigo, aparcado en Ibiza, sin ventilación adecuada, sin acceso a agua fría y sin poder cocinar comida caliente de forma regular. Con las temperaturas rozando los 40 grados este verano, quienes le rodean temen que la situación termine en una urgencia médica.
A veces ni siquiera puede ducharse. Su entorno advierte además de que su vulnerabilidad lo ha convertido en blanco de otras personas: le introdujeron en el consumo de drogas y en una ocasión sufrió una sobredosis que requirió traslado en ambulancia a urgencias.

Un trabajo que agrava su salud
Pese a su discapacidad reconocida, el joven trabaja como peón de la construcción. El esfuerzo físico que exige el puesto le ha llevado a acudir varias veces a urgencias, con diagnósticos médicos que confirman el impacto de la actividad en su salud. Su entorno considera que, sin ese trabajo, sus opciones de ingresos serían prácticamente nulas.
Listas de espera de hasta cinco años
Quienes le acompañan han intentado activar todas las vías de ayuda disponibles en la isla. APFEM informó de que no dispone de plazas residenciales y de que la lista de espera puede superar el año. En IBAVI, pese a tratarse de una víctima de un delito, con discapacidad reconocida y en situación de calle, la espera estimada para acceder a una vivienda ronda los cinco años.
A esto se suma un problema práctico: Cruz Roja, Cáritas y los servicios sociales atienden en un horario que coincide con su jornada laboral, lo que le obliga a elegir entre pedir ayuda o mantener el único trabajo que tiene.
Una familia que no respondió
Según su entorno, la familia del joven nunca costeó ni gestionó atención psicológica pese al delito sufrido. La ayuda psicológica que finalmente ha recibido llegó a través de otra organización, no de su familia. Su entorno también señala que parte de la indemnización económica que le correspondía por los daños causados nunca llegó a estar bajo su control.
Sus allegados insisten en que ya han puesto la situación en conocimiento de trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras y de los servicios de apoyo a la discapacidad, pero aseguran que las trabas burocráticas siguen impidiendo una solución. Mientras tanto, el joven continúa sin un techo estable en Ibiza, a la espera de que alguna administración pueda adelantar una plaza antes de que acabe el verano.
Este medio ha solicitado la versión de los organismos implicados en este caso. La pieza se actualizará si se recibe respuesta.










