El sector del ocio de Ibiza considera que las fiestas ilegales que se camuflan como eventos privados son “muy fáciles de seguir” y confía en que esta temporada se avance en su control, tras trasladar a las administraciones distintas fórmulas para detectar este fenómeno. Desde Ocio de Ibiza aseguran que existe voluntad institucional y que el trabajo conjunto puede dar resultados, especialmente a través de la mesa de intrusismo prevista para mediados de abril.
El disfraz de los cumpleaños
El gerente de la asociación, José Luis Benítez, sostiene que el principal problema radica en el uso de coberturas como cumpleaños o presentaciones de producto, bajo las que operan eventos abiertos al público con ánimo de lucro. “En ese mismo saco se cuelan mafias de fiestas privadas”, advierte, en referencia a celebraciones con DJs, camareros, seguridad y cobro de entradas.
En este sentido, el sector trasladará a la mesa de intrusismo propuestas centradas en la trazabilidad de estas fiestas, al considerar que su operativa deja múltiples señales. “Son muy fáciles de seguir si se actúa sobre los distintos actores implicados”, explica Benítez, apuntando directamente a proveedores clave del sector. Sobre estos, temas, de todos modos, Benítez ya ha hablado con las administraciones.
Una de las líneas planteadas pasa por controlar a quienes suministran servicios esenciales como bebidas, hielo o equipos de sonido, elementos imprescindibles para este tipo de eventos. Ocio de Ibiza ya ha advertido a estos proveedores de que colaborar con actividades ilegales puede acarrear consecuencias, en un intento de cortar la logística que sostiene estas fiestas.
Además, el sector considera que los ayuntamientos pueden identificar con relativa facilidad cuándo una fiesta comunicada como privada no lo es, mediante inspecciones básicas. “Enseguida se ve lo que es un cumpleaños de amigos y lo que es una fiesta ilegal por el tipo de cliente o el movimiento de coches”, afirma.
Sin detectives del Consell
Esta vigilancia se considera clave en un contexto en el que ya no se dispone del refuerzo de detectives privados, una herramienta que en temporadas anteriores permitió detectar eventos ilegales “con las manos en la masa”. Aunque el año pasado se redujo ese enfoque, desde el sector aseguran que la actividad también ha disminuido y que ahora el objetivo es afinar el control, especialmente desde el ámbito municipal.
Ocio de Ibiza se muestra, no obstante, optimista de cara a la temporada, al considerar que la experiencia previa en la lucha contra el intrusismo —especialmente en el caso de vivienda, alquiler turístico ilegal y transporte pirata— demuestra que las medidas coordinadas pueden ser efectivas. “Hay voluntad y cuando hay voluntad se puede arreglar”, resume Benítez.
«El modelo Ibiza ha funcionado, por eso ha sido tomado en la Mesa de Intrusismo Balear», destaca Benítez. «Funcionó muy bien en fiestas privadas, pero el año pasado se enfocaron más en el tema de las viviendas porque bueno, hay una emergencia habitacional clara, sobre todo para residentes y trabajadores de fuera», añade.
«Aunque el año pasado se paró un poquito el foco en las fiestas ilegales, ya hemos visto cómo funciona el nuevo sistema de fiestas piratas, la administración lo sabe y yo creo que la idea es trabajar en ese sentido y atajar esto».
El sector también advierte de que estas fiestas suponen un riesgo para asistentes y trabajadores, al desarrollarse fuera de cualquier marco regulado. La falta de controles en seguridad o salud es uno de los argumentos centrales que trasladarán a las administraciones, más allá del impacto económico.
Por otra parte, aunque el contexto internacional podría influir en el perfil de visitantes, desde el sector no prevén que esto sea un factor determinante en el fenómeno de las fiestas ilegales, que responde principalmente a dinámicas internas de la isla. El foco, insisten, debe ponerse en el control local y en la coordinación entre administraciones y sector.
En este marco, La Voz de Ibiza ha consultado a los ayuntamientos sobre cómo pretende abordar las fiestas ilegales en la temporada que se avecina, pero los consistorios aún no han respondido.
