La planta asfáltica de Sant Rafel, que generó una fuerte oposición vecinal en los últimos meses, ha sido finalmente desmontada. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha confirmado a La Voz de Ibiza que la instalación ya ha sido retirada, poniendo fin a una polémica que había derivado en denuncias, protestas y dudas legales sobre su reactivación.
La reactivación de la planta asfáltica había generado un fuerte rechazo entre los vecinos de Sant Rafel, quienes denunciaron «fuertes olores, emisión de humos y ruidos constantes» en la zona. Como publicó La Voz de Ibiza, la oposición ciudadana llevó incluso a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, que finalmente fue archivada al no detectar indicios de delito, aunque dejó «persistentes dudas legales» sobre el funcionamiento de la instalación.
Presión vecinal y dudas legales
Los vecinos argumentaban que la actividad de la planta no contaba con las garantías ambientales adecuadas. La empresa responsable defendió la legalidad de su actividad, y el Ayuntamiento de Sant Antoni aseguró en su momento que la reactivación cumplía con la normativa vigente. No obstante, la presión social no cesó, y finalmente la instalación ha sido desmontada.
Con esta retirada, la población de Sant Rafel ve cumplida una de sus principales reivindicaciones en materia medioambiental, aunque queda pendiente conocer qué uso tendrá el solar donde operaba la planta y si el Ayuntamiento tomará medidas adicionales para evitar la instalación de infraestructuras similares en el futuro.
Retirada de maquinaria y cierre definitivo
Según informó Radio Ibiza, los trabajos de desmontaje comenzaron hace unos días con la retirada de maquinaria, tolvas y otros elementos estructurales de la planta. La empresa encargada de su desmantelamiento ha dejado despejada la parcela donde se encontraba la instalación.
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha confirmado que no se prevé la reactivación de la actividad en otro punto del municipio, aunque no ha especificado qué uso se dará al terreno en el que estaba ubicada la planta. Con su desmantelamiento, se cierra un capítulo que había provocado tensiones entre la ciudadanía y las administraciones públicas.
