El Gobierno de España ha confirmado que la próxima semana comenzará el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, en lo que representa la primera fase de un dispositivo que ha generado tensiones entre administraciones y comunidades autónomas durante los últimos meses.
Según fuentes oficiales, las primeras ocho derivaciones se realizarán a centros pequeños de titularidad estatal, distribuidos en varias comunidades. La medida forma parte del plan pactado entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias, y responde al mandato judicial del Tribunal Supremo, que ordenó el refuerzo de la red de acogida con 1.200 nuevas plazas.
“En todo el proceso prevalecerá siempre el interés superior del menor”, remarcaron los portavoces gubernamentales.
Un operativo silencioso pero urgente
Los traslados se realizarán de forma semanal y progresiva, priorizando perfiles de alta vulnerabilidad. Muchos de estos menores, principalmente procedentes de Malí, han llegado a Canarias huyendo de guerras y situaciones extremas, y algunos son niñas y adolescentes solas.
Las valoraciones individuales están siendo realizadas por Engloba, la entidad colaboradora del Gobierno en las islas. Este paso, que se considera “clave para garantizar el proceso con plenas garantías”, se lleva a cabo junto al Ministerio Fiscal, que debe supervisar los expedientes para autorizar cualquier movimiento.
Una partida de 40 millones y 750 plazas ya en marcha
El traslado se enmarca en el plan aprobado por el Consejo de Ministros en julio, que contempla una inversión de 40 millones de euros para dar cumplimiento a las exigencias del Supremo y poner en marcha 750 plazas gestionadas por entidades colaboradoras habituales.
Estas plazas estarán disponibles “de forma inmediata”, según confirman las mismas fuentes. El objetivo es aliviar la presión que vive Canarias, especialmente en el centro de acogida y derivación Canarias 50, que en las últimas semanas ha tramitado 141 expedientes de menores.
Evaluaciones, perfiles y destino final
La selección de menores que entran en este dispositivo se realiza de manera personalizada, con base en sus necesidades y su disposición voluntaria para ser trasladados. Cada expediente se evalúa por separado, en coordinación entre el Gobierno de España y el de Canarias.
Este método busca garantizar que el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de los menores sea el criterio central en la toma de decisiones. El perfil mayoritario sigue siendo el de niños y adolescentes de origen maliense, aunque se han detectado casos de menores de otras nacionalidades.
Una cuestión de Estado sin consenso autonómico
El reparto de menores migrantes ha sido objeto de intensos debates políticos en los últimos meses, especialmente a raíz de la falta de un acuerdo unánime entre las comunidades autónomas. Algunas regiones se mostraron reacias a asumir nuevas derivaciones si no existía una legislación clara o garantías de financiación.
La aprobación del fondo de 40 millones de euros pretendía desbloquear esta tensión, aunque los traslados iniciales se limitarán a centros de titularidad estatal mientras se termina de negociar con las autonomías. Desde el Ejecutivo central insisten en que esta medida es urgente y necesaria para asegurar una atención digna y legalmente exigible a estos menores.
Aunque el Gobierno central ha fijado que el archipiélago reciba 49 menores no acompañados procedentes de Canarias dentro del nuevo reparto estatal, el Govern balear rechaza acogerlos, argumentando que sus centros están al límite de capacidad —más de 1.023 % de ocupación— y atienden actualmente a unos 573 menores.
