Dos guardias civiles vestidos de paisano primero y posteriormente una inspección formal por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han detectado una serie de irregularidades en el varadero del puerto de la Savina, que han puesto a estos terrenos que pertenecen a Salinera Española SA en el punto de mira, ahora de las autoridades policiales.
Según ha podido confirmar La Voz de Ibiza, la operación se ha realizado el 24 de julio pasado a partir de la puesta en conocimiento de la Guardia Civil de una serie de irregularidades, aunque no hubo ninguna denuncia formal. Fue un soplo.
A pesar que dentro del varadero funcionan varias actividades diferentes –incluso un ‘rent a car’ y alquileres de viviendas turísticas-, la inspección se centralizó en un taller de reparación de barcos.
“Se pusieron cuatro denuncias: una fue por residuos, otra de Industria, otra por vertidos y otra al Ayuntamiento (en rigor, al Consell) por tema de Actividades”, explicaron desde la Guardia Civil a La Voz de Ibiza.
Sobre este último punto, detallaron que “se remitió un acta al Consell (de Formentera) por la licencia de actividad. Se levantó acta solicitando que no daban con ella o que no la tenían en el momento”.
Fuentes cercanas de la investigación han adelantado a este medio que la empresa investigada es Formentera Isla Azul SL, uno de los numerosos inquilinos del varadero que explota Port Med Formentera, empresa del grupo de Nicolás Mayol, que a su vez tiene alquilados los terrenos a Salinera Española.
Los terrenos del varadero lindan con el parque natural de Ses Salines y los vertidos se habrían producido en s’Estany Pudent.
Las mismas fuentes han asegurado que Formentera Isla Azul SL se enfrenta a sanciones millonarias que suman 1,3 millones de euros.
Este medio ha tratado de contactar con el administrador de la sociedad, Aurelio López Ramón, quien ha declinado ofrecer su versión.
Esta firma se dedica al «alquiler de todo tipo de embarcaciones, con o sin patrón y la compraventa de todo tipo de embarcaciones, sus recambios, así como la reparación y mantenimiento de las mismas».
Una zona franca
En esta parcela también existen unos alojamientos turísticos en la zona sur-este que se prevé que dejarán de tener tal función cuando se incorporen al dominio público portuario, a partir de la expropiación impulsada por la Autoridad Portuaria de Baleares que avanza lenta: se inició en noviembre del 2022 y ahora ha vuelto a su punto de inicio por errores en el expediente original.
Además, funciona allí una empresa de alquiler de coches y motos. Según han confirmado desde la Conselleria del Mar, la concesión administrativa pertenece al Consell Insular de Formentera, responsable de las licencias de actividades y controles.
Todas estas operaciones se dan al margen de la APB, que reconoce que “no dispone de la documentación de la situación actual de las instalaciones de drenaje y vertido de pluviales ni de saneamiento y conexiones ni los permisos o autorizaciones de las que dispone para que en ella se realice la actividad de mantenimiento de embarcaciones”, tal como figura en el documento del nuevo Plan Especial cuya tramitación se encuentra paralizada por la inexplicable e inexplicada caducidad de la tramitación ambiental propiciada por Javier Serra.
Sin respuestas
La Voz de Ibiza ha intentado contactar al director de Port Med Formentera, José Roselló Tur, quien no ha contestado las numerosas llamadas.
El Consell de Formentera tampoco ha aclarado en qué punto está la investigación relacionada con las irregularidades relacionadas con Actividades.
