El banquillo de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá este jueves un caso que arrastra más de una década de pleitos en Ibiza. La Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión para un empresario ibicenco al que acusa de un delito continuado de administración desleal como administrador único de Es Paradise S.A., según el escrito de acusación. De forma subsidiaria, el Ministerio Público plantea la misma pena por un delito societario continuado.
Treinta años de alquiler con una sola firma
Todo arranca, según el relato del Ministerio Fiscal, en abril de 2008. El acusado, que ostentaba en solitario la administración de la mercantil, se sentó a los dos lados de la misma mesa y firmó el 5 de abril de aquel año un contrato de arrendamiento por 30 años sobre una finca propiedad de la sociedad. Inquilino y arrendador eran la misma persona. El resto de socios, sostiene la acusación, no fue consultado ni informado, según adelanta Periódico de Ibiza.
Una sentencia le quitó la mayoría
La operación inmobiliaria no fue su único frente abierto. Por entonces el empresario controlaba la compañía gracias a un paquete de 7.592 acciones que había adquirido a otro socio. La Audiencia Provincial de Palma anuló aquella compraventa, le ordenó devolver los títulos y, con ello, dejó al acusado sin la mayoría con la que venía gobernando Es Paradise S.A.
El juzgado tuvo que convocar la junta
Con la composición societaria del revés, los socios pidieron una junta para cesar al administrador y renovar la cúpula. La Fiscalía sostiene que el procesado hizo oídos sordos a sucesivos requerimientos notariales y obligó a los demás accionistas a llamar a la puerta de los tribunales. El Juzgado de lo Mercantil terminó convocando la reunión por vía judicial, una rareza procesal que retrata el grado de bloqueo en el que había entrado la empresa.
Una junta paralela
Aquí llega, para la acusación, el movimiento decisivo. Sin esperar a la reunión judicial, el procesado promovió por su cuenta una segunda junta y la publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Los demás socios, que residían fuera de Ibiza, no fueron avisados. Y la sesión, celebrada en septiembre de 2015, se computó con una mayoría accionarial que, tras la sentencia de Palma, ya no le correspondía.
Vender, hipotecar y liquidar el mismo día
En aquella reunión se aprobó una batería de acuerdos diseñados, según la Fiscalía, para vaciar la sociedad. Se decidió la venta de la parte indivisa de una finca —uno de los principales activos sociales—, se constituyó una hipoteca de 265.000 euros sobre otro inmueble, se aprobaron las cuentas y se acordó la disolución y liquidación de Es Paradise S.A. Cuatro movimientos en una misma jornada, con efectos prácticamente terminales para la mercantil.
Ahora responde por administración desleal
La jurisdicción mercantil anuló después todos aquellos acuerdos al concluir que lesionaban los intereses sociales y pretendían esquivar el cumplimiento de resoluciones previas. Será ahora la Audiencia Provincial la que decida si esa misma trama, además de civilmente nula, encierra responsabilidad penal y merece los dos años y medio de cárcel que reclama el Ministerio Público contra el empresario ibicenco por administración desleal.
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