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La comunidad de propietarios alegó que había realizado contrataciones sin autorización al adquirir dos teléfonos móviles, activar un paquete televisivo de 90 canales y dar de alta un servicio de Legálitas. Sin embargo, el TSJIB concluye que actuó dentro de las funciones que venía desempeñando y confirma la improcedencia del despido.