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La firma navarra Erri-Berri, cuyo administrador está imputado en dos causas judiciales vinculadas a la trama que afecta al PSOE y a la SEPI, ejecutará la demolición del histórico complejo abandonado de Cala d’en Serra: más de 7.200 metros cuadrados, 29 árboles a talar y obras que no podrán comenzar antes del 1 de noviembre.

La ordenanza que acaba de salir a información pública obliga al Consell a aprobar un precio público por kilovatio hora en unos puntos que hoy no cuestan nada. El texto detalla además multas de hasta 200 euros y permite la grúa para quien se pase del tiempo máximo.