Formentera está a un paso de dejar atrás la recarga gratuita del vehículo eléctrico. La ordenanza que regulará por primera vez el servicio en los puntos públicos de la isla ya está sobre la mesa y detalla lo que hasta ahora no se había concretado: quién paga, cómo se calcula la factura y qué pasa si un coche ocupa la plaza más tiempo del permitido. El texto se encuentra en información pública y admite alegaciones durante 30 días hábiles.
La clave está en el artículo 4.13. Obliga al Consell a aprobar «la ordenanza reguladora del precio público por el suministro de recarga eléctrica en los puntos de recarga municipales, que deberá ser abonado por las personas usuarias del servicio». No fija ninguna tarifa, pero convierte el cobro en una decisión ya tomada a falta de concretar el importe y el calendario.
El articulado sí precisa el método de cálculo. El artículo 4.10 establece que el precio se fijará «en función de la cantidad de energía suministrada, medida en kilovatios hora», de acuerdo con el contador interno del dispositivo de carga, homologado según la normativa de medidas MID. Será, por tanto, un cobro por consumo real y no por tiempo de conexión.
Si nadie presenta alegaciones ni reclamaciones dentro del plazo, la aprobación se elevará automáticamente a definitiva, sin necesidad de que el Pleno vuelva a pronunciarse.
Un servicio que se promociona como gratis
La recarga en los puntos públicos de Formentera no cuesta nada hoy y lleva años funcionando como argumento de promoción turística: varios portales de alquiler de la isla publicitan sus coches eléctricos destacando que cargarlos es gratuito en cualquier punto.
Esa gratuidad se mantuvo incluso cuando los cargadores se integraron en la red MELIB, la red pública de movilidad eléctrica de Baleares gestionada por el Institut Balear de l’Energia. En noviembre de 2024, al anunciar el cambio, el área de Movilidad del Consell precisó de forma expresa que pasar a la aplicación y a la tarjeta de MELIB no implicaba que la recarga dejara de ser gratuita.
La ordenanza consolida ese modelo de gestión —el Consell figura como titular de los puntos y operador (CPO), mientras el IBE coordina la plataforma de interconexión y la gestión de las recargas— pero introduce por primera vez la contraprestación económica.
En el resto de Baleares el cobro ya avanza y ofrece una referencia de por dónde pueden ir los precios. El Ayuntamiento de Manacor aprobó definitivamente este año un precio público de 0,25 euros por kilovatio hora, con las cuatro primeras horas de estacionamiento gratuitas y 3 euros por cada hora o fracción a partir de ese límite.
Multas de 100 y 200 euros y retirada con grúa
El texto incorpora un régimen sancionador que hasta ahora no existía. Las plazas de uso público solo podrán estar ocupadas por vehículos eléctricos mientras dure la recarga y con un máximo de cuatro horas, una plaza por vehículo. Terminada la carga o agotado ese plazo, el conductor está obligado a retirar el coche.
Las faltas leves se sancionan con 100 euros e incluyen ocupar más de una plaza, no retirar el vehículo entre sesenta minutos y tres horas después de finalizar la carga, o no recoger el cable ni dejar el conector en su soporte.
Las faltas graves se castigan con 200 euros. Entre ellas figuran mantener el coche estacionado más de tres horas tras acabar la recarga «aunque no haya otra persona usuaria esperando», dañar o sustraer elementos del equipo, el uso fraudulento del servicio y ocupar una de las plazas reservadas a la flota de servicios insulares —señalizadas con logotipo amarillo, frente al blanco de las de uso público— sin ser un vehículo rotulado como tal.
La ordenanza habilita además a la Policía Local y a los operarios del estacionamiento regulado a inmovilizar o retirar el vehículo cuando se supere en más de sesenta minutos el límite de tiempo, y trasladarlo al depósito. La documentación no se devolverá hasta que se abone el importe provisional de la sanción o se constituya un depósito equivalente.
Ocho votos a favor y ocho abstenciones
El Pleno aprobó inicialmente el texto el pasado 28 de mayo, aunque el detalle no ha trascendido hasta su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Salió adelante por mayoría simple sin ningún voto en contra, pero también sin apoyos fuera del equipo de gobierno.
Votaron a favor el presidente y los siete representantes presentes de Sa Unió de Formentera PP-Compromís. Se abstuvieron los cinco representantes de Gent x Formentera, los dos del PSIB-PSOE y el consejero no adscrito Córdoba Marí. Estuvieron presentes 16 de los 17 miembros de la corporación. El documento aparece firmado electrónicamente el 3 de agosto por el presidente, Óscar Portas Juan.
El precedente de los cargadores averiados
El cobro llega a una red con antecedentes de problemas de mantenimiento. En enero de 2024, el PSIB-PSOE de Formentera denunció que once de los trece puntos de carga de la isla estaban inoperativos: siete no funcionaban y cuatro estaban fuera de gestión, de modo que solo seguían activos el del aparcamiento subterráneo de la plaza Europa, en Es Pujols, y el de la calle Guillem de Montgrí, en Sant Ferran.
Desde entonces la red se ha ampliado con un proyecto ejecutado por la empresa Etecnic y financiado con fondos del programa MOVES III. Según los datos que manejaba MELIB a finales de 2025, Formentera cuenta con 60 plazas de recarga públicas, frente a las 126 de Ibiza, dentro de un total de 1.248 en el archipiélago.
La ordenanza incluye, en todo caso, una cláusula de exención amplia: el artículo 4.11 establece que el Consell «no será responsable de las interrupciones o impedimentos en el servicio de recarga» debidos a causas técnicas, actos vandálicos o incívicos «o cualquier otra causa ajena a su voluntad».
