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El municipio pierde el marco urbanístico que habilitaba un ámbito específico para vivienda protegida y ordenaba distintos vacíos urbanos y accesos estratégicos, además de que prohibía el alquiler turístico en plurifamiliares. Con esto, regresa a las Normas Subsidiarias de 1986, mientras se redacta un PGOU que puede tardar más de una década.

Cerca de 80 personas viven entre construcciones improvisadas con cocinas, electrodomésticos y enseres domésticos. La retirada de la vegetación con maquinaria pesada hizo salir este martes numerosos animales e insectos y llevó a algunos ocupantes a abandonar el lugar.

Las empresas compraron la vivienda por 210.000 euros pese a que la mujer les había advertido que era el domicilio familiar. La Audiencia ordenó su desalojo, pero el TSJ concluye que las compradoras conocían la situación y no actuaron de buena fe.