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Su abogado explica que, si la Justicia ordena el desalojo, la propietaria retirará las chabolas, contratará seguridad y evaluará una rehabilitación que podría costar millones. Por ahora, no confirma si retomará su proyecto original.

Los ocho agentes de intrusismo han recibido 137 avisos este año y trasladado 19 actas de denuncia al Consell de Ibiza.

Sant Josep licita por 794.326 euros la rehabilitación del depósito Promisa. El proyecto advierte de que las filtraciones «pueden suponer un peligro para la salud pública».