Noticias del mes de julio de 2026
Durante el Debate de Política General, se ha acordado instar al Govern balear a elevar a diez años el mínimo de residencia en la isla para acceder a una Vivienda de Precio Limitado. La medida es necesaria porque, tal como confirmó la Conselleria de Vivienda a La Voz de Ibiza, para las promociones privadas la ley solo exige cinco años de residencia en Baleares y los ayuntamientos no pueden imponer condiciones más estrictas por sí solos.
La Conselleria de Vivienda aclara a La Voz de Ibiza que el mínimo legal para promociones privadas es de cinco años en Baleares, y que los ayuntamientos solo pueden endurecer ese criterio mediante convenios voluntarios con los promotores. Para las promociones públicas en suelo municipal, el margen es total.
La primera edición del certamen entra en su fase decisiva con nuevas oportunidades para presentar proyectos y un jurado formado por referentes del sector
El IES Ibiza – Can Cantó se levantará en una parcela de 11.000 metros cuadrados en Es Putxet y estará listo en 20 meses, según el Govern.
El Ayuntamiento de Ibiza licita por 166.038 euros la rehabilitación de una única vivienda de 78 metros cuadrados en la Travesía de Sa Penya, destinada a alquiler social. El coste equivale a 2.129 euros por metro cuadrado, por encima de los 2.000 euros que, en promedio, cuesta hoy levantar una vivienda de obra nueva en Ibiza en construcción estándar.
Los cuatro grandes municipios de la isla han aprobado la herramienta urbanística para crear suelo en áreas de transición. El precio máximo oficial de venta —hasta 3.660 euros el metro cuadrado en obra nueva— contrasta con un mercado libre que supera los 6.900 euros en todos los municipios según Idealista.
El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Ibiza y Formentera, Lluís Oliva, advierte de que el margen de beneficio de las VPL desarrolladas mediante Proyectos Residenciales Estratégicos puede ser tan estrecho que ningún promotor apueste por ellas, especialmente en municipios como Santa Eulària, que ha optado por destinar el 100% de la edificabilidad a protección pública
