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Lo solicitó la Abogacía general del Govern luego de recibir el informe de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Baleares. En un escrito de 80 páginas la defensa de Armengol intentó argumentar contra las investigaciones que exponían irregularidades en las compras de material sanitario y peticionó por la nulidad del informe debido a no respetar «garantías constitucionales». La oficina anticorrupción desestimó la exigencia

«No constan más reclamaciones que las del caso Koldo», ha confirmado Javier Ureña, director general de IB Salut. Las mascarillas defectuosas, compradas antes del primer pedido a la empresa vinculada al asesor de Ábalos, fueron denunciadas por los sanitarios y retiradas por su pésima calidad pero no cuentan con quejas formales por parte del Govern

Desde el Partido Popular se insiste con que la petición no es «solo ya un juzgado, sino que se respete su dimensión y el principio de Tutela Judicial Efectiva recogido en la Constitución», un principio que garantiza que cualquier persona pueda iniciar un proceso legal con tal de solicitar que se repare la vulneración de sus derechos


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