Formentera tutela ya a 146 menores, 25 llegados en la última semana, según han confirmado a La Voz de Ibiza desde el Consell Insular. Mientras que en Ibiza se registraron en los últimos días los 119 migrantes bajo protección -9 en estos días- en un sistema que el Consell califica de “insostenible”.
El delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, defiende que los dispositivos de acogida “están funcionando” y rechaza que la regularización incentive la llegada de pateras, mientras el Govern habla de sistema “al borde del colapso”.
El director general de Inmigración, Manuel Pavón, califica de “escalofriantes” las últimas cifras de llegada de pateras, denuncia la falta de planificación del Ejecutivo central y advierte de que el sistema de acogida en Baleares está “al borde del colapso”, con las carpas de Formentera ya saturadas y más menores bajo tutela de los Consells.
Al menos 15 ‘menas’ han llegado en las últimas horas a Baleares en patera, en un contexto de sobreocupación del 1.000 % del sistema de acogida, según la presidenta del Govern, Marga Prohens. Esta madrugada rescatan una patera a 44 millas al este de Ibiza en Sant Josep.
Con un 27,7% de residentes nacidos fuera de España, Baleares lidera el cambio demográfico nacional y, según Funcas, la inmigración ya sostiene más de la mitad de su crecimiento económico.
El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, reprocha a Marga Prohens su rechazo a la regularización de migrantes y le acusa de “engañar” al afirmar que en Baleares “no cabe nadie más”, en un cruce de declaraciones en el que incluso salió a relucir la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl.
La patronal de Ibiza y Formentera defiende que la medida reducirá el empleo ilegal y aumentará las cotizaciones, pero advierte de que sin refuerzos en los servicios públicos los empresarios podrían esperar meses para regularizar a sus trabajadores.
El Fondo Pitiuso de Cooperación participa en la acción simbólica con actos en el Baluarte de Sant Bernat y la Torre de sa Sal Rossa.
El Ejecutivo balear alerta del impacto de la regularización extraordinaria en la vivienda y exige condiciones de integración.
El comisario de Interior aclara que la Comisión no tiene poder para intervenir y que decidir sobre los extranjeros que ya viven en el país es una facultad exclusiva del Gobierno de Sánchez.
La Oficina de Extranjería tramita actualmente más de 2.100 expedientes pendientes en Ibiza y Formentera, una cifra que podría aumentar con la nueva regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.
La reforma aprobada por el Consejo de Ministros podría permitir regularizar la situación de más de 10.800 inmigrantes en Baleares al rebajar a cinco meses el requisito de residencia en España. Mientras el Govern, PP y Vox rechazan la medida por su impacto en los servicios públicos, PSOE, Més, Podemos y la Iglesia la defienden como un paso necesario para garantizar derechos y combatir la explotación laboral.
España aprueba la regularización masiva de medio millón de personas sin antecedentes penales. Cuándo entra en vigor la medida, quiénes pueden acogerse al plan de urgencia y qué beneficios otorga el nuevo permiso de residencia.
El delegado del Gobierno defiende que la medida refuerza el mercado laboral y rechaza el “efecto llamada”, frente a un Govern que habla de improvisación y riesgo para la integración.
El Ejecutivo permite presentar solicitudes de regularización extraordinaria desde abril hasta junio y se compromete a resolverlas en tres meses para agilizar la integración laboral
La presidenta del Govern acusa al Gobierno de Sánchez de promover una regularización “irresponsable” en plena crisis migratoria y de vivienda en Baleares.
Fruto del pacto con Podemos, la medida permitirá trabajar legalmente a quienes lleven cinco meses en el país. PP y Vox critican el «efecto llamada» mientras Sumar celebra el «avance en derechos».
La llegada de una patera a Mallorca y la fuga de inmigrantes en una furgoneta gris han puesto el foco sobre las mafias migratorias en las islas. La contundente advertencia de Prohens vuelve a enfrentar al Govern y Formentera con el Gobierno central
El Ejecutivo aprobará este martes una regularización extraordinaria, la primera en dos décadas
Están acusados de reclutar a trabajadores extranjeros, principalmente de origen marroquí, a quienes cobraban entre 15.000 y 22.000 euros por un contrato de trabajo que les permitía entrar y residir en España legalmente.