Este refuerzo permite ofrecer un servicio más amplio respecto a años anteriores, cuando comenzaba el 1 de mayo, según ha informado el Consistorio en rueda de prensa.
La causa que expone vínculos entre poder, sexo y dinero llega a juicio en Argentina, con una derivación en Ibiza donde uno de los acusados habría operado taxis pirata y alquileres ilegales.
La patronal del sector sostiene que la medida golpea a empresas de Sant Antoni y La Savina, dejará flotas obsoletas y no responde a una siniestralidad grave en las Pitiusas.
Según un informe de Exceltur, la oferta de viviendas de uso turístico en la isla bajó un 70,5 % entre enero y febrero de 2026, hasta 447 plazas. La alianza turística vincula esta reducción a la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y al control de la oferta ilegal.
La asociación Elite Corsaris alerta de la presencia temprana de taxis pirata en el aeropuerto en plena Semana Santa, mientras el Consell asegura que mantendrá en 2026 el plan de choque con más inspección, tecnología y coordinación con los ayuntamientos.
La multa millonaria por prácticas abusivas reabre el debate sobre los límites en la gestión de viviendas y los derechos de los inquilinos
Tomás Monzó asume la jefatura en un momento clave, con refuerzo de plantilla y una gran inversión en videovigilancia en el municipio.
El nuevo real decreto del Gobierno central limita las excepciones y obligará a tener licencia para embarcaciones arrendadas a partir de octubre de 2026.
La esposa del presidente vuelve al foco judicial en una citación que definirá si la causa sigue adelante o se acerca al banquillo
El Consell amplía durante seis meses el servicio para combatir la oferta ilegal y proteger el modelo turístico de la isla.
La cartelería se instalará en los 174 vehículos de temporada de Vila, como parte de una campaña de concienciación frente a transporte ilegal.
Óscar Jesús Paz Arcos ha dejado el cargo el 15 de marzo tras menos de dos años, mientras Trabajo confirma que aún no hay sustituto.
El Consell encarga un estudio para localizar los inmuebles sin uso mientras informes previos alertan de que hasta un 35% del parque está desocupado en algunos municipios
Los investigadores esperan la autopsia para identificar al hombre localizado frente a Santa Eulària, mientras cobra fuerza la posibilidad de que sea un migrante llegado en patera.
Dos hombres fueron sorprendidos con ketamina, cocaína y MDMA listas para la venta en un hotel de Sant Antoni. La Audiencia de Baleares los ha condenado por tráfico de drogas, pero ha dejado la pena de prisión en suspenso.
Los populares piden derogar el sistema del Gobierno y alertan de que deja fuera del mercado viviendas legales mientras abre “un coladero” a los alquileres irregulares
El Ayuntamiento incorpora coches híbridos para los AICS y amplía medios humanos, tecnológicos y de control de cara a la temporada turística
Profesionales del sector destacan la eficacia de los controles en el aeropuerto durante la última temporada, pero alertan de un cambio de estrategia del transporte ilegal en la isla.
El paquete de enmiendas del PP, impulsado por la Consellería, refuerza las sanciones, limita la operativa de las VTC y blinda la inspección ante el auge de licencias.
La Justicia rechaza reabrir cautelarmente “Sa Bardella” y refuerza el control sobre el alquiler turístico sin licencia efectiva en Ibiza
La Guardia Civil detecta un anuncio con medidas infladas y un precio elevado por una construcción sin condiciones legales en Maria de la Salut.
El 19% de los pisos se alquila en menos de un día en Baleares, una cifra que sube al 25% en Palma y refleja la fuerte presión del mercado frente a una oferta cada vez más limitada.
Ocio de Ibiza asegura que las administraciones pueden detectar estos eventos y propone actuar sobre proveedores y falsas celebraciones privadas. Este año, señalan, los ayuntamientos tendrán que afinar el ojo ante la falta de detectives del Consell.
La tiktoker anunció que intermediará en alquileres de temporada para trabajadores en la isla, en plena crisis habitacional. Defiende que “ofrece una solución”, mientras crecen las críticas y el Govern recuerda que la actividad es legal, pero debe cumplir estrictas condiciones de habitabilidad.
La oferta, publicada en redes sociales para dos apartamentos en Cala Gració, incluye una “finders fee” de 3.000 euros al inquilino. La Ley de Vivienda establece que los gastos de gestión inmobiliaria en alquileres de vivienda habitual deben asumirlos los propietarios.
