El Grupo Partido Popular del Consell de Ibiza ha denunciado que el registro único de alquileres impulsado por el Gobierno de España está perjudicando a los propietarios que cumplen la ley y facilitando situaciones de fraude, por lo que ha reclamado su derogación durante el pleno insular.
Los populares han defendido una regulación “clara, útil y eficaz” del alquiler turístico y han criticado el actual sistema estatal, al considerar que introduce trabas innecesarias en un sector clave para la isla.
El vicepresidente y conseller de Ordenación Turística, Mariano Juan, ha sido contundente al señalar que “Estamos a favor del control, pero de un control que funcione, no de más burocracia que castiga a quien cumple”.
Desde el PP han explicado que el nuevo modelo ha generado un registro duplicado que obliga a propietarios con licencia en regla a realizar nuevos trámites ante el registro de la propiedad, con costes elevados y sin mejoras en el control de la actividad.
En este sentido, Juan ha advertido de que “Hay viviendas totalmente legales que se están quedando fuera del mercado por culpa de este sistema. Es absurdo y es injusto”.
“Un coladero” para alquileres ilegales
Al mismo tiempo, los populares han alertado de que la normativa está provocando el efecto contrario al que pretende, al facilitar la proliferación de alquileres irregulares.
“Se están dando registros a alquileres de temporada que en realidad se están explotando como turísticos y no tenemos herramientas para obligar a las plataformas a retirarlos. Es un coladero”, ha afirmado.
Para el PP, el problema no radica en la regulación del sector, sino en su diseño. “Europa plantea una ventanilla única para compartir datos. El Gobierno ha creado otro registro más, duplicando trámites y complicando la situación”, ha resumido Juan.
Reclaman adaptar la norma a Europa
La moción defendida por el Partido Popular plantea eliminar la duplicidad administrativa, adaptar la normativa estatal al marco europeo y clarificar la diferencia entre alquiler turístico y de temporada para evitar el fraude.
Asimismo, han defendido que la ordenación turística debe seguir en manos de las administraciones más próximas al territorio. “No se puede legislar desde un despacho en Madrid sin tener en cuenta lo que pasa en Ibiza”, han señalado.
Los populares han concluido que la prioridad debe ser clara: “facilitar las cosas a quien cumple la ley y centrarse en perseguir de verdad la oferta ilegal”.
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